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jueves, 7 de junio de 2012

Hacia un nuevo orden social

Tenemos un problema de financiación que ha dado relevancia al problema de endeudamiento, y uno de endeudamiento que ha otorgado un sentido al de financiación que no tiene. Todo ello ha puesto de relieve una debilidad del sistema (capitalista) como tal, que no es otra cosa que la manifestación de la nuestra propia, la de nuestros excesos sin control. Sistema, que ha tenido —y tendrá— que recurrir a fórmulas intervencionistas (ya no sólo del Estado sino sobre los Estados), aunque no por ello efectivas dado que no se están aplicando con sentido político (como podría ser la emisión de eurobonos o la compra-reventa sistemática de bonos) sino de forma tardía, escasa y sin sentido, esto es, no obedeciendo a otro plan que el de evitar el desastre por lo que en todo momento se está al borde de dicho desastre, que de esta manera se nutre. Todo esto sin tomar en consideración una vergonzante deuda privada, principalmente financiera, que está quebrando la columna vertebral de nuestro sistema social.
Toda economía necesita de una bolsa de capital que represente un polo activo en la misma, es decir, un reservorio o volante de inercia que permita mantener los flujos de ida y vuelta entre el mismo y el polo que genera riqueza con su trabajo, o masa social. Esta bolsa de capital, que era simbolizada tradicionalmente por el sector financiero (además de los recursos propios), se ha ido desplazando en la actualidad —dado que los sistemas son abiertos— a una entidad transnacional de inversión que capitaliza determinados activos financieros nacionales, en lo que se presenta como la culminación del sueño liberal: el dinero sin patria; o, dicho de otra manera, como la patria del dinero.
Ese dinero sin patria se comporta como un Estado adicional de un PIB similar al PIB mundial (el de los siete principales fondos equivalen al de EEUU), pero sin servidumbres nacionales, esto es, con todo él dispuesto para ser empleado mediante mecanismos de inversión, para actuar, por lo que se constituye en poder. La forma de presentarse este poder ha tenido dos fases, una en la que se facilita el endeudamiento, homogéneamente distribuido, y otra en la que se selecciona y se encarece selectivamente éste, una en la que se mantiene una cierta proporcionalidad entre las fuentes y los sumideros de la mencionada bolsa, y otra en la que no. Cuando esa proporcionalidad se pierde unas economías se ven beneficiadas en detrimento de otras, que tienen dificultades para conservar de forma natural el volante de inercia, para crear flujos y mantener los existentes, así como para su mantenimiento artificial mediante un cada vez más encarecido crédito, creándose —como antaño se tipificó— dos velocidades de crecimiento.
Esto que se produce en los sistemas abiertos entre unas naciones y otras es lo que tradicionalmente se ha producido entre las zonas  norte y sur de las economías nacionales (sistemas cerrados) por la preferencia que tiene el dinero a aplicarse allí donde alcanza una rentabilidad mayor o mayor garantía, de tal modo que toda la riqueza excedentaria de una nación que no es capaz de fijarse a la economía nacional mediante bienes reales, vuela. ¿Qué dinero?, el mío, el tuyo, el de todo aquel que tiene un activo financiero. Dicho de otra manera, metemos el dinero sobrante en una bolsa común y luego o no nos prestamos el dinero (y lo invertimos allí donde la rentabilidad es segura) o lo hacemos más caro que lo que cuesta, y desde luego más caro que a otras economías más solventes. Esto tiene las consecuencias que estamos viendo en la actualidad, pero puede tener otras no puestas totalmente de manifiesto y que son aún más dramáticas.
Estamos diciendo que todo el dinero excedentario, producido mediante el circuito económico habitual es sustraído del mismo y llevado a otro lugar desde donde puede malemplearse, como ahora, o no emplearse, en cuyo caso tendríamos que todo lo bueno que ha posibilitado la economía de mercado, sin cuyo concurso estaríamos en una economía de subsistencia, desaparece, y que si los cerca de 50 billones de euros que representa el conjunto de lo acumulado, lo que esta civilización ha ahorrado, dejara de estar presente en el circuito económico, entraríamos de inmediato en el neolítico. En buena lógica y a corto plazo esto no ocurrirá porque el dinero quiere tener donde emplearse y ganar dinero (aunque con el caso de Apple, ya vemos cómo), pero a medio plazo sí, porque a medio plazo se centrará en unas determinadas poblaciones y negocios, que llevarán a las otras poblaciones a la ruina y orientará de forma ineludible e inadmisible el curso social: la sociedad será lo que el dinero quiera que sea. Grecia no ha llegado al neolítico pero ha avanzado veinte años en ese camino, que ha quedado franco.
En los sistemas cerrados hay derecha e izquierda porque hay una diferente perspectiva respecto al libre mercado, el volante de inercia, etc. pero en los sistemas abiertos no, porque este volante queda fuera, llegándose rápidamente a la conclusión de que sin la regulación de tales sistemas estamos todos —tal como se viene demostrando— a manos del dinero, esto es, a la certeza experimental de todas las servidumbres económicas y sociales que acarrean la devolución de los préstamos o del aval para hacer frente a ellos. Somos un país hipotecado, no ya económicamente sino socialmente, somos un país cautivo: si la deuda se apunta como gasto prioritario en los presupuestos, los ingresos están limitados por la realidad económica y por el imperativo de hacer la deuda cada vez menor (es decir, que no haya nuevos ingresos financieros) y por el límite del déficit, no queda otra que disminuir los otros gastos, esto es, los sociales, los correspondientes al funcionariado y de las pensiones —siguiendo el camino de Grecia—, etc.. En los últimos presupuestos hemos estado en el límite, en los del año próximo, con la nueva deuda de la banca y el aumento de la prima de riesgo, ya se verá.
El dilema no ha sido —ni será— crecimiento o austeridad, porque no es al crecimiento a lo que se está renunciando sino —como si a un carpintero le embargaran la maquinaria— a sus fuentes, en esto, como se dijo de las acciones políticas tendentes a favorecer la inmigración, la cuestión no es si sí o si no, la cuestión es si se crea un problema o se resuelve (o si lo hace creando uno mayor). Por lo tanto, el mecanismo puede estar bien cuando se emplea como poda selectiva y se quitan hojas secas pero en modo alguno cuando quita elementos productivos desde una perspectiva errónea del gasto y un concepto erróneo de la productividad y la competitividad. Anular una producción por ser poco productivita es mal negocio: es mejor compensar económicamente el diferencial que el completo, es mejor sustentar y rectificar los procesos productivos que anularlos, es mejor sumar que restar, es mejor utilizar el dinero para compensar un diferencial económico que hacerlo para compensar un problema social.
Por encima de esto el dilema es si tenemos o no tenemos opción, o si la tuvimos. Como aproximación al mismo, la primera cuestión es si somos responsables subsidiarios de determinadas acciones de gobierno, y falta de previsión, que no ha contemplado lo que en cualquier otro caso se presenta como imperativo: la cuantía del préstamo va en función de la cantidad que puede liberar anualmente para su pago. La segunda cuestión es si somos responsables subsidiarios de los defectos de supervisión y de las deudas privadas ajenas. La tercera, si habríamos tenido alternativa a esta forma de priorizar el pago, dado que, al margen de que venga impuesto por Berlín, es impuesto por las propias reglas de juego, esto es, por un determinado tipo de contrato sujeto a los vaivenes del mercado. La cuarta es si al margen de nuestra relevancia nacional podríamos haber ejercido otro tipo de presión sobre Alemania y Francia, entendiendo que si hasta la salida de Grecia es un desastre, la de España tiene peso suficiente como para haber jugado un órdago, legítimo en virtud de quien resulta ser la verdadera beneficiada de la situación y de nuestro verdadero perjuicio, es decir, haber forzado si no a que se hubieran instrumentalizado los eurobonos sí a que hubiera habido una intermediación o compra selectiva de deuda que la abaratase y frenara la especulación de raíz. Porque la cuestión es, ¿si Alemania antepone el beneficio de sus bancos a las posibilidades de crecimiento de los países periféricos y da lugar a este expolio, para qué estar, qué confianza merece, cuál es el papel que quiere que juguemos en este orden?, o, como se ha dicho en algún medio, “¿Por qué hunden a España si quieren rescatarla?”, o, mejor aún, ¿qué quieren, abaratarla, para luego comprarla? Sólo hay que ver lo que valen nuestras empresas en el Ibex35 para llegar a esta reflexión.
¿Qué solución tenemos? Es evidente que la solución pasa por cambiar esto, es decir, hacer que parte del más de billón y medio de activos financieros, principalmente aquélla que está asignada a depósitos y fondos de inversión, vuelva a aplicarse de forma natural a la economía nacional. La cuestión es cómo, dado que ni siquiera los países poderosos tienen la capacidad de redirigir parte de la inversión ni el interés o la necesidad perentoria de hacerlo (o de poner en marcha otros mecanismos). Una fórmula sería la de establecer una ley o mandato gubernamental que propiciara un dominio sobre el capital o sobre la preferencia de las gestoras de inversión, pero esto sería complicado y estaría mal visto por el conjunto de los socios de la Unión que lo entendería como un proteccionismo intolerable y contrario a su espíritu.
¿Cómo lograrlo entonces? La única forma de hacerlo es dejarlo a la voluntad de los inversores, es decir, no establecer un mandato pero sí crear el producto financiero que posibilite esta voluntad. La formula desde el punto de vista económico podría ser la creación de ese producto financiero pensado para la refinanciación de la deuda (la cobertura de las emisiones), a modo de deposito (de “salvación nacional”), que partiría de la aceptación por parte del inversor de una menor rentabilidad (incluso que ésta fuera fiscal) o su inexistencia, contemplándose un segundo nivel (2ª operativa) para la reactivación de la economía nacional, que podría funcionar  como una cuenta corriente social, o llevarla asociada.
Las razones para realizar la primera operativa en época de crisis están muy claras pues daría lugar a un crédito social y un aval, o, lo que es lo mismo, al abaratamiento de la financiación alcanzada por los métodos tradicionales: sin duda, el mero escenario de disponer de los tres mil millones de euros correspondientes a una emisión de letras o bonos restaría urgencia o premura a la financiación y eliminaría elementos especulativos sobre la misma. Pero la otra operativa atacaría el problema de fondo o de soporte, que no es otro que el de la deuda, esto es, el de nuestra capacidad limitada de amortización y de crecimiento mediante recursos propios y/o evidencia de que somos incapaces de mantener nuestro sistema tal como está administrado.
A este respecto, y dejando a un lado el capítulo de la administración (que ya hemos abordado someramente), la ineficacia política, y todas las cuestiones ajenas al sistema, podemos darnos cuenta de que una de las cosas que van en contra de nuestra sostenibilidad es el desarrollo, que una de las cosas que va contra la evolución del sistema es el propio sistema, que lo que va en contra del desarrollo es el propio desarrollo: el bienestar tal como está estructurado, y la forma de capitalizar los recursos de la clase media que lo representa. Esto en buena medida —descontadas todo un abanico de circunstancias— fue lo que ocurrió en el Imperio romano: el mantenimiento de toda una clase acomodada a la par que desaparecían o encarecían algunas fuentes de crecimiento (esclavos, territorios, riqueza periférica etc.), lo que terminó por destruir el tejido social e incluso la estructura del Estado.
De esto se concluye —en línea con lo planteado inicialmente— que tenemos que cambiar nuestros conceptos en lo referido a la provisión o los sistemas de financiación (por supuesto en lo social, de ahí La Sociedad Inversa), dado que gran parte de la capacidad inversora se encuentra (al margen de que se acumule en la citada bolsa) dispersa en esa clase media. Es por la exigencia económica del bienestar y la capacidad inversora de la clase media que ésta no sólo debe ser receptora del bienestar sino promotora del mismo mediante los mecanismos señalados (si no queremos dejar de ser ambas cosas), muy al margen de que se depuren los mecanismos de financiación tradicionales y la responsabilidad de su ineficacia, y que seamos capaces de poner a la luz y para beneficio común las grandes reservas de capital o motores de crecimiento. A estos efectos, aquí está ocurriendo algo paradójico y contrario a esta idea, pues todo el monto inversor de la clase media se junta con el del gran capital (hasta formar los 50 billones) y se emplea para los fines que éste quiere, que son generalmente el deterioro de la clase media y, consecuentemente, de la estructura social. Se hace necesario, por tanto, además de rescatar, diferenciar una clase de capital de otra.
No estamos diciendo que la sociedad del bienestar no sea sostenible o financiable, estamos diciendo que puesto que el dinero no está o no está donde nosotros queremos, no lo es, a no ser que diferenciemos unos capitales de otros y nos hagamos corresponsables del desarrollo social. En efecto, no podemos esperar que todo el peso de la inversión sea privado (que es interesado) ni público (que es escaso) sino que tenemos que ser capaces de orientar a la misma no sólo esa parte del capital que va a donde la inversión es más rentable y segura, que lamentablemente puede ser al exterior (economías emergentes etc.), sino esa otra que no puede constituirse en inversión porque son ahorros discretos, desubicados y sin posibilidad de emplearse de forma clara y determinada. Pensemos que la forma tradicional de invertir está basada en la diferencia entre el polo inversor (unos inversores concretos) y, consecuentemente, en la diferencia de capital entre un polo y otro (diferencia económica y social) mientras que aquí estamos llevando deliberadamente el capital de toda una clase media pudiente al polo inversor al tiempo que la relevancia social (la perpetuidad del bienestar) sigue intacta. En este caso no se garantiza el flujo de riqueza por diferencia de potencial entre los dos polos sino que uno de ellos realimenta esa diferencia con todo el capital posible lo que da lugar de un lado a una capacidad exponencial de crecimiento y por otra a la sostenibilidad del sistema con muy poca diferencia de potencial, en tanto que presenta un fuerte flujo.
Lo que inicialmente se presenta como un elemento circunstancial de salvación económica es en realidad un sistema pionero de sostenibilidad (una avanzadilla que otros tendrán que seguir), desarrollo social, y optimización de recursos. Esta fórmula de desarrollo económico  —acompañada de otras de desarrollo social— es la única posible en este contexto inversor, de globalización, productividad y empleo escaso, porque es la única que puede insertar el capital y a la población en el sistema, y hacerlos verdaderamente complementarios. La clase media tiene que ser artífice de su propia sostenibilidad. Lamentablemente no toda la clase media sino ésa que no encuentra en la ventaja de sacar un 4% de rentabilidad en vez de un 3% una gran ventaja, y puede prescindir de ella. No puede serlo la clase baja que no tiene recursos, no puede serlo la clase alta que tiene un concepto de rentabilidad contrario a este espíritu (que incluso se va a los paraísos fiscales). En verdad en esto radica el quid de la cuestión, en apreciar que el beneficio social y económico de hacer esto es superior a esa diferencia de un punto porcentual mientras que el perjuicio de no hacerlo es —ya se está viendo— inconmensurable.
Esta práctica daría lugar, en primer orden, a un colchón económico que permitiría prescindir coyunturalmente de financiación, además de constituirse en el mencionado aval, pero en segundo orden nos llevaría a la supresión de la deuda pública o, lo que es casi igual, a conceptuarla de forma distinta. Está claro que una sociedad, del mismo modo que una familia, debe limitar su endeudamiento o incluso llevarlo a cero, pero puesto a tenerlo es muy diferente el concepto de gasto al de inversión social, que a su vez genera empleo, riqueza, etc. Y puestos a tenerlo es muy diferente el concepto de deuda al de capital flotante aplicado. Este concepto de capital flotante es muy interesante porque es un capital que la ciudadanía no utiliza salvo para compras circunstanciales, lo que hace que se presente como una mutua o un ecobanco, esto es, como un diferencial de entrada-salida constante destinado al desarrollo social, lo que supone empleo, integración, ingresos de la seguridad social, etc., y supone la captación de otros tipos de financiaciones al tipo que marquemos con las nuestras (en esa situación no todo el capital externo podría encontrar fácilmente en que invertirse), gobernando el movimiento del dinero, lo que, en definitiva, es darle la vuelta a la situación actual. En esto radica el otro quid de la cuestión, una vez diferenciados los dos tipos de capitales, y aplicado uno de ellos, en incorporar el otro a la vida pública: las grandes fortunas tendrían la oportunidad de estar en una lista blanca o en una lista negra, es decir, al servicio de la sociedad o de espalda a sus necesidades, y sin un uso claro.
De otra parte, el sistema económico actual nos empuja a consumir o a no consumir en virtud de las circunstancias, dando lugar, sea cual sea la acción a un efecto positivo y otro negativo que hay que equilibrar, aquí decimos que lo consumido es una forma de inversión y lo no consumido se invierte de otra. Esto supone un nuevo concepto de economía mixta porque se socializa lo que no se consume, que permite un grado de diferenciación económica y riqueza personal (la persona dispone de su capital en todo momento para el consumo) pero comparte con la sociedad buena parte de lo que esta riqueza produce (toda aquella parte que no es invertida de forma directa o privada).
Frente a esto se nos propone una socialización de las pérdidas. Curioso, se está dispuesto a nacionalizar el desastre (o repartirlo) pero no el desarrollo: para el beneficio lo mío es mío y lo tuyo, tuyo, pero en las pérdidas todo es de todos. Seguramente, como es el caso de las entidades financieras,  porque tocan la médula espinal del sistema, pero para todo hay formas, formas que dando solución al gran problema de fondo no olviden que se trata de entidades privadas que han puesto en riesgo su solvencia, la de muchos particulares, y la  del país, esto es, que no olviden el carácter punitivo de determinadas acciones.
¿Cuál es la solución de esto que nos pasa y que nos diferencia del resto de los países de nuestro entorno? Respecto a la deuda privada, y en particular la de los bancos y cajas, sólo cabe (3ª operativa) realizar una recapitalización suficientemente masiva (es decir por el valor de los cuarenta o cincuenta mil millones de euros necesarios) y conjunta (una acción sería un pack de acciones de las diferentes entidades auxiliadas), con una particularidad —en línea con lo expuesto anteriormente—, que se haga mediante un producto financiero que diferencie el origen del dinero y su funcionalidad, lo que se podría hacer mediante una cartera opaca, suma de los valores comprados y de sus  subsiguientes ventas, hasta liquidarlos, de acuerdo a su evolución. De esta forma, se le da esa confianza a la Banca y el dinero que la representa, pero existe un rastro permanente de ese dinero y una garantía de devolución mediante los mecanismos del mercado (más que probablemente, una vez recuperada la confianza, a un precio superior) y, si se quiere, del respaldo final del Estado, que mediante las operativas anteriores se podría endeudar coyunturalmente algo más.
Con esta fórmula  se consigue no dejar caer a las entidades financieras y que la refinanciación sea conjunta y por tanto más sólida, eficiente y económica (tomadas las entidades una a una y con el margen de pérdidas futuras, en vez de ese dinero se podría necesitar el doble), pero también que esa refinanciación, asumida inicialmente por el nuevo inversor mediante la fórmula indicada, sea en realidad asumida por el accionariado inicial mediante el canje de acciones; aunque una vez recuperada la confianza pueda recuperar su valor inicial o superarlo. Una vez más, se trata de un aval social a la deuda, en este caso privada.
Frente a estas operativas está la decisión de los otros, pero, ¿y sí los otros no deciden, o no deciden lo que nos salvaría, o no lo hacen respetando los tiempos, a pesar de que le juremos y perjuremos que no haciéndolo perdemos todos, o deciden lo que les salva a ellos, lo que les viene bien? La decisión de los otros tiene un precio, en el mejor de los casos económico como resultado de prestarnos un dinero (nuestro propio dinero) que muy bien nos podemos prestar a nosotros mismos y más barato. Frente a la opción de actuar está el ir quedándonos sin clase media, sin sus recursos y, en consecuencia, sin la posibilidad de actuar: la alternativa es reformular el modelo de sociedad o volver al de los años cincuenta.

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La segunda operativa —principalmente— presenta objeciones tanto desde el punto de vista de la articulación o efectividad y de la garantía económica como del compromiso social. Respecto a lo primero ya hemos dicho lo paradójico que resulta que exista un endeudamiento de dos tercios del PIB y que no haya servido para generar ese tipo de sociedad sostenible, por lo que sin una articulación diferente toda invitaría a pensar que no serviría nada más que para engrosar la deuda asociada a este nuevo capítulo o su desviación hacia el gran capital (saldar agujeros de Bankias y otros), esto es, el camino contrario al que hemos planteado. Está claro que para proceder a este sistema se tiene que garantizar el capital, y se tiene que garantizar su empleo adecuado, no sólo del capital flotante sino el que hoy por hoy se está utilizando vía presupuestos, lo que nos llevaría a un control de la gestión, no conocido hasta ahora, un control del gasto exhaustivo, y una punibilidad de la malversación y del fraude no conocida hasta este momento, pero haría falta algo más, haría falta —y esto es ya lo segundo— un consenso respecto de los servicios que esta sociedad quiere ofrecerse a sí misma, y las garantías o coberturas, que pasaría por la recuperación de algunas de las perdidas como consecuencia de la crisis. En este sentido sería difícil que gran parte de esa clase media ofreciera su capital sin un plan que le dé un sentido adicional al bienestar social, que implica muchas más cosas: un conjunto mucho más completo de derechos por el mero hecho de ser nacido, como contrapartida a otro mucho más exigente de deberes que sin duda habrá en una sociedad que junto con la longevidad adquiere otras servidumbres. Esto se concreta en una definición del bienestar y un programa claro de lo que supone conseguirlo paso a paso en función de la altura social y de las posibilidades económicas reales, que serían muchas en un sistema en el que todo el dinero va destinado al sistema, y todos los recursos humanos también, que nos llevaría a la cobertura total o por defecto, y esto a otras formas de entender el empleo, el desempleo, y cómo afecta cada cosa a la sociedad al margen del lado que nos ha tocado vivir, porque ya todos estaríamos en el mismo lado: en el lado de la eficiencia social; dándose por resueltas muchas tensiones económicas y de grupos, e innecesarias muchas de las decisiones legislativas.
Este es el camino para alcanzar un modelo de sociedad en el que todos estemos implicados tanto económica como socialmente y hacer frente a las problemáticas que se producen en las sociedades en desarrollo cuando se saturan o alcanzan determinados umbrales sistémicos, que —como dije— se han producido históricamente y que se producirán en tanto no se superen o cambie las estructuras o bases de funcionamiento, éstas que se están planteando aquí como solución a un problema pero que tienen en realidad otra dimensión.
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