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sábado, 14 de julio de 2012

Sobre la ineficacia y su responsabilidad



Hace unos días alguien fue operado en el hospital. Pasados un par de días de la operación, y todavía sangrando, le fue restituido el Sintrom —medicamento que toman las personas con la sangre espesa, que medra su poder coagulante y que se suspende en el plazo de la operación—, lo que dio lugar a un sangrado más abundante. Todo esto a pesar de advertirle al servicio médico, por parte del paciente y sus familiares de esta posibilidad, puesto que ya le había ocurrido un episodio similar, y a pesar de ser de sentido común.

Esto pone de manifiesto que el verdadero sentido común es superior al conocimiento reglamentado y, consecuentemente, que no por no ser instruidos en la materia perdemos nuestro derecho a aplicar una lógica común a muchas facetas de la vida, y, en cambio, sí a exigir a cualquier profesional de la misma que tenga, además del conocimiento específico, y dado que el sentido común es común, ese sentido, su uso o aplicación.

Este caso, respecto a todo lo acontecido en el problema del sistema financiero y su solución, y todos los desmentidos o la diferente percepción respecto a las medidas tomadas o por tomar, me lleva a poner de manifiesto igualmente la total falta de criterio de nuestros políticos-economistas y, consecuentemente, su continua improvisación, y me lleva a exigir la clara definición de esos criterios, es decir, la de un esquema claro de las situaciones que no dé lugar a toda esta contaminación, mezcla de anhelo e ignorancia. Me lleva a pedir sentido común. Porque, en esencia, ¿qué es ese sentido común? El sentido común es ese esquema que nos hace ver cualquier hecho particular no como un hecho aislado sino como un elemento de un sistema básico, congruente o no con él, y comprender con un golpe de vista las situaciones. Aquí es donde viene nuevamente lo de los principios de verdad como base o fundamento de cualquier esquema.

En la situación del sistema financiero se está comprendiendo con un golpe de vista una situación ahora, y más tarde se está comprendiendo con un golpe de vista lo contrario, con suficiencia, lo que demuestra que el esquema no es completo, y demuestra que o no se sabe de eso que puede superar al sentido común (el conocimiento específico) o no se tiene tal sentido: primero se dice que no se va tomar tal medida (el IVA, por ejemplo), y luego más tarde que sí; dándonos perfecta cuenta de que a todos les falta un algo para formar ese esquema, para dimensionar verdaderamente el problema, en tanto que a algún otro le falta casi todo como se desprende de la reiteración machacona, sin lenguaje específico ni preciso, de algunas ideas básicas.

Es cierto que un político no puede ser un tecnócrata, esto es, un mero técnico, pero tampoco puede ser alguien vacío de contenidos, a quien los demás (los técnicos) le insuflan esos contenidos, con los que deciden de forma vaga, coyuntural y prestada. Por ejemplo se habla del supuesto préstamo de cien mil millones de euros, que parece ser El dorado, y luego se encuentran las pegas derivadas de dejar en la cola al resto de los acreedores. ¿Eso no se puede pensar antes? Ahora se da cuenta alguien (el propio mercado) y salta la alarma, y se dice con tono de obviedad, como si fuese archisabido. ¿No parece más lógico establecer una estrategia inequívoca tanto de las partidas como de las contrapartidas, y presentar de forma inequívoca los escenarios?

Aquí es donde radica la necesidad de los principios de verdad, la de no dejar a la clarividencia de una supuesta mente lúcida el destino de una nación —menos aún cuando obviamente no es tan lúcida—, la de emular esa clarividencia, la de establecer un mecanismo que libere a cualquier dirigente de la necesidad de tener que contemplar el problema sin un marco adecuado y de encontrar ideas felices, casi ocurrencias. Hoy más que nunca se tienen que definir esos principios porque definirlos es definir la voluntad y la intención por encima de esas otras particulares o vagas. La solución debe salir de forma natural del marco y ser el marco el que esté en cuestionamiento o debate. Respecto a la solución suele ser una, la única posible, la que queda después de desconsiderar las otras por imposibles o no practicables.

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De otra parte, no se entiende que para cualquier ocupación se precise una capacitación probada y que aquí sólo sirva un liderazgo alcanzado váyase usted a saber de qué modo o por qué circunstancias, y se establezca una relación entre ese liderazgo-responsabilidad sin capacidad y una capacidad sin responsabilidad encarnada en los asesores al uso. De este modo, en contraposición a cualquier otra actividad de la vida en la que se tiene que tener capacidad y responsabilidad (eficacia y compromiso), aquí —en los puestos políticos— o se prescinde de una o de la otra.

Este organigrama que se hace extensivo al resto de los puestos ejecutivos, públicos o privados, permite, salvo contadas ocasiones (cuando no queda más remedio que imputar), velar responsabilidades y quedar impunes, impidiendo establecer una verdadera relación causa-efecto entre sucesos. En efecto, mientras que en cualquier otra actividad lo que parece presuntamente punible (un hecho aislado) lleva aparejado unas diligencias previas que implican un cargo y un descargo, en ésta ni siquiera una larga secuencia de acontecimientos de dudosa legalidad permiten ser objeto de estudio, quedando ocultos al análisis y el control.

Esta es la razón de ser de las comisiones de control. La creación de una comisión o una imputación genérica es la herramienta que tenemos para delimitar qué parte de la acción corresponde al asesoramiento y que otra a la decisión política, para acercar la responsabilidad política a la penal, es decir, para hacer, mediante la ulterior modificación del marco legal, que todo lo desdeñable sea punible, y así elevar la categoría del ejercicio político.

Casos tenemos de todo lo contrario. En este sentido, parece escandaloso, por ejemplo, que la cuestión de los regalos a las personalidades públicas no esté regulada (a pesar de todos los escándalos), en ese intento de acercar lo ilegal a lo ilegitimo, o incluso que estas personalidades queden al margen (al margen de la ley) de lo que ya de por sí se ajusta a derecho para el común de los mortales, como es la declaración tributaria en especies de los mencionados regalos. De este modo no sólo reciben regalos en especies sino que estos no son declarados para su tributación. ¿Eso es delito, verdad? Hay que recordar que a Al Capone no lo procesaron por delitos de sangre sino por defraudar al fisco.

¿Cuál es el problema? El problema está en que se hacen muchos esfuerzos para alcanzar la posibilidad de manifestar esto y llevarlo a la luz pública, y en que a pesar de hacerlo  de forma recurrente nunca o casi nunca se materializa en una ley que regule lo que no está regulado o en algún mandato que verifique si se ha cumplido lo ya regulado. El problema está en que después de tanto esfuerzo queda finalmente apagado de forma natural como un murmullo o mediante la modificación engañosa, y sin repercusión social, de cualquier disposición, como la que se hizo para reflejar el patrimonio de los ministros (ver BOE) y secretarios de estado, dado que se hizo un recuento del patrimonio sobre valores catastrales y no se explica el origen del mismo, en tanto que en las últimas legislaturas se han realizado sobre bienes sin tomar en consideración lo que estos representan. El problema está en que gana el que resiste, y ellos resisten más porque tienen cogida la cuerda por el lado bueno. El problema está en que gracias a esa impunidad se permiten tomar no la mejor solución sino la que mejor viene desde infinitas ópticas, incluidas las que conciernen al interés particular o el de determinados grupos de presión, es decir, se permiten obviar lo que dicta el sentido común, lo que dicta el conocimiento específico, y el bien común.

Frente a esto sólo cabe llevar nuestras demandas a extremo, es decir, definirlas bien y resistir. En un caso, el de los regalos, interponiendo una demanda real sobre todos los presuntos casos de fraude fiscal por el concepto citado, en el otro, el de la ineficacia, interponiendo demanda en virtud de la misma y de sus consecuencias reales, de la que serían casos particulares toda la negligencia y malversación de nuestro sistema bancario (incluida la del Banco de España y los diferentes responsables económicos, etc.) y sobre aquéllos otros en los que se pone de manifiesto una incapacidad total para buscar soluciones, como es el caso de la supuesta necesidad de subir el IVA como consecuencia de la incapacidad tácita para luchar contra el fraude, es decir, la de establecer las medidas necesarias respecto a lo segundo que hagan innecesario lo primero: puesto que se hace un plan contra el fraude, pero se admite, lo que desde otros foros se le está indicando, que es insuficiente porque no tiene ni la capacidad disuasoria ni la recaudadora que se pretende, y, por supuesto, tampoco la ejemplificadora, que parejamente se destruye mediante los mecanismos de amnistía fiscal. En este caso no se trata de coyuntura política o económica sino de ideas, la posibilidad de encontrarlas y aplicarlas. Si ellos no son capaces, que busquen a otros o hagan un concurso de ideas, por otra parte innecesario tras tomar en consideración los mecanismos contra el fraude fiscal —el grande y el pequeño— y los cortafuegos pertinentes a la infinidad de triquiñuelas propuestos por las personas entendidas de la Agencia Tributaria.

Otro escenario plausible sería que las ideas las demos nosotros y expresemos de forma clara la voluntad o necesidad de aplicarlas o nuestra perplejidad si no lo hace, dada su conveniencia, el gobierno de turno, es decir, expresar de forma clara lo que queremos como sociedad sobre algún respecto. Es la expresión de la demanda concreta. Esto tiene a su favor que no toma en consideración otros elementos contaminantes por lo que es genuina pero tiene en su contra justamente lo mismo, por lo que es ajena a la realidad.  Esto ya lo he expresado en otros artículos y lo matizaré en el próximo, pero no es nada más que la percepción de que obedece al sentido común lo que no es tal, y la razón de que en esta sociedad avancemos a trompicones.




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