Ser o no Ser

Cuando alguien va montado en una bicicleta, cuesta abajo y sin frenos, no tiene más opción que frenar con la zapatilla y quemársela, como hacíamos antiguamente. Bueno, hay otra, que es tirarse a la cuneta, y terminar con esa situación de desenfreno, de paroxismo, a las bravas.

Estas son las opciones respecto a la situación del sistema financiero y su solución, o nos quemamos la zapatilla o nos tiramos a la cuneta. La disyuntiva no es cualquier cosa porque en buena medida está dividiendo a la sociedad y, hasta cierto punto, enfrentándola. No hablo ya de la división que se produce entre los que pasan el escalón de la miseria y no, que polariza inevitablemente el tejido social, sino entre los que comprenden y optan por un tipo de respuesta política y los que no.

Para llegar a la verdad de las cosas habría que ser filósofo o estar por encima de ellas, para así diferenciar cuánto del problema es consustancial a nosotros mismos y cuánto no, qué solución puede ser solución ahora y cuál no, en definitiva que parte de la verdad no es verdad y que otra de la mentira no es mentira. En ésa estamos.

Es verdad que gran parte de la política económica regida por Alemania pretende garantizar los préstamos hechos por sus bancos, pero también lo es que esa intención es la lógica y natural a cualquier prestamista, incluido cualquier particular que preste dinero a un amigo.

Es verdad que los inversores están especulando y se están enriqueciendo con esta crisis pero también es verdad que gran parte de ese núcleo inversor lo constituyen quienes tienen ahorros, esto es, toda una clase social media y media-alta que paralelamente se está perjudicando/beneficiando en este proceso en función de que pase o no el citado escalón.

Es verdad que la devolución del préstamo nos va a poner condiciones duras, pero también lo es que en otro contexto histórico esas condiciones hubieran supuesto ceder unos determinados territorios al acreedor, que es lo único que a estas alturas tenemos en propiedad.

Es verdad que esas condiciones vienen acompañadas de ciertas imposiciones estructurales, pero también lo es que pierden ese carácter en cuanto que parejamente se está conformando una unión económica y política que precisa de buena parte de ese esquema. En este caso, que el control de las cuentas, por ejemplo, esté centralizado se puede entender como pérdida de soberanía o como un logro, según se vea acompañado de determinados elementos de equidad y proporcionalidad entre los miembros.

Respecto a todo lo anterior, tenemos que tener en cuenta que en realidad nos regimos por una ley que relaciona al deudor y al acreedor de una determinada manera, que ahora, por habernos excedido, o por no haber dimensionado nuestras posibilidades, queremos —amparándonos en las nuevas posibilidades que da el contexto internacional— renegociar, modificando la forma de pago. Renegociar es negociar o poner en la mesa contrapartidas económicas o políticas cuando se tienen. Cuando no se tienen no es negociar, es pedir, y estar a expensas de lo que te den en función del interés económico y de cuánto se pueda mediatizar éste por el proyecto político común. Parece ser que esto último no tanto, o no tanto como quisiéramos nosotros: Europa no paga las deudas de juego.

Frente a esto tanto cabe la crispación por el cinismo y el tibio sentido europeísta (y de las medidas tomadas respecto a las posibles) como la gratitud, puesto que la cosa podría ser peor frente a esos nuevos y “desinteresados” avalistas, pero sobre todo cabe la de exigencia frente a los que no han sabido poner en valor el peso específico de España y muy principalmente frente a los que nos han puesto en esta situación, esto es, frente a los políticos de mierda que han gestionado mal nuestra riqueza y dimensionado mal nuestras posibilidades de bienestar[1]. A eso del bienestar voy ahora.

Es verdad que esta sociedad debe caminar hacia el bienestar social pero también lo es que ese bienestar cuesta dinero y se corresponde con las partes de la riqueza que podemos liberar tras hacer frente a otro tipo de necesidades.

Es verdad que ese bienestar se traduce en un funcionariado extenso, pero también lo es que mientras que el bienestar implica esa extensión de la función pública, la extensión no implica bienestar, como se pone de manifiesto en el ratio de empleados públicos de la Unión  Europea, que junto con otras referencias nos permitirían sacar otras conclusiones.

Es verdad que las personas y los Estados, para procurar ese bienestar, se endeudan pero también lo es que no pueden hacerlo si parte de los recurso anuales no pueden liberarse para el pago de la deuda y se precisa —tal como se ha venido haciendo— nueva deuda para hacer frente a ese pago.

No se trata de una desviación contable. Se está sacrificando a toda una clase media, haciendo de golpe todo el recorte —en el límite de la viabilidad—que no han sabido hacer a lo largo de este decenio. La dureza, la urgencia de la solución da idea del desequilibrio tan profundo, de la responsabilidad y las consecuencias de este abandono (de la irresponsabilidad). Para evaluarlo sólo tenemos que ver que estas nuevas restricciones de aproximadamente 30.000 millones de euros anuales nos pueden llevar a la ruina económica y social, respecto a las posibilidades de consumo, crecimiento, ingresos y desestructuración  social, dado que además no cubre tan siquiera el desfase de ingresos y gastos de los presupuestos de este año, de unos 40.000 millones, menos aún si a esos gastos le incluimos unos nuevos 12.000 millones para la financiación de la nueva deuda de 100.000 millones. Es decir, que suponiendo que se mantengan los ingresos y llevando los gastos al mínimo no llegamos.

Es verdad que desde la calle se ve todo esto desde la perspectiva del recorte (desde esa inevitable urgencia), pero también es verdad que desde las altas instituciones (y la práctica totalidad de los grupos parlamentarios) se está viviendo desde la necesidad, desde el grave problema de Estado que es (desde esa otra urgencia): España no tiene otra opción, y así se lo ha hecho saber Europa.

Estas dos verdades son las que están creando dos perspectivas, dos formas de entender el problema, las que están dividiendo a la sociedad, con ese maniqueísmo tan nuestro por el que compartiendo algo ya parece o se entiende que se comparte todo[2]. Ya no somos de derechas o de izquierdas, ahora somos pro-comprender la coyuntura internacional o pro-comprender la calamidad de esa sociedad siempre castigada a la que se suman nuevos damnificados.

En este caso da igual lo que comprendamos. La necesidad está por encima de los sentimientos, y está por encima de los modelos (de nuestro propio modelo) o de los planteamientos de futuro, principalmente porque si no damos solución, no hay futuro. Dicho de otra forma, no sirve de nada plantear una lucha estratégica contra todos los tipos de subsistencia a los que nos empuja el capitalismo si no damos solución a esta forma que se cierne sobre nosotros, superando las propias previsiones capitalistas.

La cuestión ahora no es comprender y no es impedir los recortes, que no se puede (o tal vez sólo los críticos), la cuestión es salir de ésta y asegurarnos, de aquí en adelante, una buena gestión (parece que de eso también se encargará Europa), y depurar responsabilidades, no sólo sobre casos como los de Bankia sino sobre toda la administración del país. Lo importante después será alcanzar la necesidad de transformar el sistema social desde la clara percepción de que más allá de ser bueno o malo, es técnicamente incontrolable, poco  fiable y, en consecuencia, no válido para sustentar un verdadero proyecto social de futuro. En eso estamos.

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[1] Las políticas, antes que ser de izquierdas o de derechas deben ser racionales. Los progresistas parecen de derechas cuando no se creen las propuestas irracionales de la izquierda, y los liberales, de izquierdas cuando no acatan las medidas irracionales de la derecha.

[2] Que la razón en algún punto nos acerque a unos no nos lo perdonan los otros, excluyéndonos totalmente de su esfera de entendimiento.

Sobre la ineficacia y su responsabilidad

Hace unos días alguien fue operado en el hospital. Pasados un par de días de la operación, y todavía sangrando, le fue restituido el Sintrom —medicamento que toman las personas con la sangre espesa, que medra su poder coagulante y que se suspende en el plazo de la operación—, lo que dio lugar a un sangrado más abundante. Todo esto a pesar de advertirle al servicio médico, por parte del paciente y sus familiares de esta posibilidad, puesto que ya le había ocurrido un episodio similar, y a pesar de ser de sentido común.

Esto pone de manifiesto que el verdadero sentido común es superior al conocimiento reglamentado y, consecuentemente, que no por no ser instruidos en la materia perdemos nuestro derecho a aplicar una lógica común a muchas facetas de la vida, y, en cambio, sí a exigir a cualquier profesional de la misma que tenga, además del conocimiento específico, y dado que el sentido común es común, ese sentido, su uso o aplicación.

Este caso, respecto a todo lo acontecido en el problema del sistema financiero y su solución, y todos los desmentidos o la diferente percepción respecto a las medidas tomadas o por tomar, me lleva a poner de manifiesto igualmente la total falta de criterio de nuestros políticos-economistas y, consecuentemente, su continua improvisación, y me lleva a exigir la clara definición de esos criterios, es decir, la de un esquema claro de las situaciones que no dé lugar a toda esta contaminación, mezcla de anhelo e ignorancia. Me lleva a pedir sentido común. Porque, en esencia, ¿qué es ese sentido común? El sentido común es ese esquema que nos hace ver cualquier hecho particular no como un hecho aislado sino como un elemento de un sistema básico, congruente o no con él, y comprender con un golpe de vista las situaciones. Aquí es donde viene nuevamente lo de los principios de verdad como base o fundamento de cualquier esquema.

En la situación del sistema financiero se está comprendiendo con un golpe de vista una situación ahora, y más tarde se está comprendiendo con un golpe de vista lo contrario, con suficiencia, lo que demuestra que el esquema no es completo, y demuestra que o no se sabe de eso que puede superar al sentido común (el conocimiento específico) o no se tiene tal sentido: primero se dice que no se va tomar tal medida (el IVA, por ejemplo), y luego más tarde que sí; dándonos perfecta cuenta de que a todos les falta un algo para formar ese esquema, para dimensionar verdaderamente el problema, en tanto que a algún otro le falta casi todo como se desprende de la reiteración machacona, sin lenguaje específico ni preciso, de algunas ideas básicas.

Es cierto que un político no puede ser un tecnócrata, esto es, un mero técnico, pero tampoco puede ser alguien vacío de contenidos, a quien los demás (los técnicos) le insuflan esos contenidos, con los que deciden de forma vaga, coyuntural y prestada. Por ejemplo se habla del supuesto préstamo de cien mil millones de euros, que parece ser El dorado, y luego se encuentran las pegas derivadas de dejar en la cola al resto de los acreedores. ¿Eso no se puede pensar antes? Ahora se da cuenta alguien (el propio mercado) y salta la alarma, y se dice con tono de obviedad, como si fuese archisabido. ¿No parece más lógico establecer una estrategia inequívoca tanto de las partidas como de las contrapartidas, y presentar de forma inequívoca los escenarios?

Aquí es donde radica la necesidad de los principios de verdad, la de no dejar a la clarividencia de una supuesta mente lúcida el destino de una nación —menos aún cuando obviamente no es tan lúcida—, la de emular esa clarividencia, la de establecer un mecanismo que libere a cualquier dirigente de la necesidad de tener que contemplar el problema sin un marco adecuado y de encontrar ideas felices, casi ocurrencias. Hoy más que nunca se tienen que definir esos principios porque definirlos es definir la voluntad y la intención por encima de esas otras particulares o vagas. La solución debe salir de forma natural del marco y ser el marco el que esté en cuestionamiento o debate. Respecto a la solución suele ser una, la única posible, la que queda después de desconsiderar las otras por imposibles o no practicables.

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De otra parte, no se entiende que para cualquier ocupación se precise una capacitación probada y que aquí sólo sirva un liderazgo alcanzado váyase usted a saber de qué modo o por qué circunstancias, y se establezca una relación entre ese liderazgo-responsabilidad sin capacidad y una capacidad sin responsabilidad encarnada en los asesores al uso. De este modo, en contraposición a cualquier otra actividad de la vida en la que se tiene que tener capacidad y responsabilidad (eficacia y compromiso), aquí —en los puestos políticos— o se prescinde de una o de la otra.

Este organigrama que se hace extensivo al resto de los puestos ejecutivos, públicos o privados, permite, salvo contadas ocasiones (cuando no queda más remedio que imputar), velar responsabilidades y quedar impunes, impidiendo establecer una verdadera relación causa-efecto entre sucesos. En efecto, mientras que en cualquier otra actividad lo que parece presuntamente punible (un hecho aislado) lleva aparejado unas diligencias previas que implican un cargo y un descargo, en ésta ni siquiera una larga secuencia de acontecimientos de dudosa legalidad permiten ser objeto de estudio, quedando ocultos al análisis y el control.

Esta es la razón de ser de las comisiones de control. La creación de una comisión o una imputación genérica es la herramienta que tenemos para delimitar qué parte de la acción corresponde al asesoramiento y que otra a la decisión política, para acercar la responsabilidad política a la penal, es decir, para hacer, mediante la ulterior modificación del marco legal, que todo lo desdeñable sea punible, y así elevar la categoría del ejercicio político.

Casos tenemos de todo lo contrario. En este sentido, parece escandaloso, por ejemplo, que la cuestión de los regalos a las personalidades públicas no esté regulada (a pesar de todos los escándalos), en ese intento de acercar lo ilegal a lo ilegitimo, o incluso que estas personalidades queden al margen (al margen de la ley) de lo que ya de por sí se ajusta a derecho para el común de los mortales, como es la declaración tributaria en especies de los mencionados regalos. De este modo no sólo reciben regalos en especies sino que estos no son declarados para su tributación. ¿Eso es delito, verdad? Hay que recordar que a Al Capone no lo procesaron por delitos de sangre sino por defraudar al fisco.

¿Cuál es el problema? El problema está en que se hacen muchos esfuerzos para alcanzar la posibilidad de manifestar esto y llevarlo a la luz pública, y en que a pesar de hacerlo  de forma recurrente nunca o casi nunca se materializa en una ley que regule lo que no está regulado o en algún mandato que verifique si se ha cumplido lo ya regulado. El problema está en que después de tanto esfuerzo queda finalmente apagado de forma natural como un murmullo o mediante la modificación engañosa, y sin repercusión social, de cualquier disposición, como la que se hizo para reflejar el patrimonio de los ministros (ver BOE) y secretarios de estado, dado que se hizo un recuento del patrimonio sobre valores catastrales y no se explica el origen del mismo, en tanto que en las últimas legislaturas se han realizado sobre bienes sin tomar en consideración lo que estos representan. El problema está en que gana el que resiste, y ellos resisten más porque tienen cogida la cuerda por el lado bueno. El problema está en que gracias a esa impunidad se permiten tomar no la mejor solución sino la que mejor viene desde infinitas ópticas, incluidas las que conciernen al interés particular o el de determinados grupos de presión, es decir, se permiten obviar lo que dicta el sentido común, lo que dicta el conocimiento específico, y el bien común.

Frente a esto sólo cabe llevar nuestras demandas a extremo, es decir, definirlas bien y resistir. En un caso, el de los regalos, interponiendo una demanda real sobre todos los presuntos casos de fraude fiscal por el concepto citado, en el otro, el de la ineficacia, interponiendo demanda en virtud de la misma y de sus consecuencias reales, de la que serían casos particulares toda la negligencia y malversación de nuestro sistema bancario (incluida la del Banco de España y los diferentes responsables económicos, etc.) y sobre aquéllos otros en los que se pone de manifiesto una incapacidad total para buscar soluciones, como es el caso de la supuesta necesidad de subir el IVA como consecuencia de la incapacidad tácita para luchar contra el fraude, es decir, la de establecer las medidas necesarias respecto a lo segundo que hagan innecesario lo primero: puesto que se hace un plan contra el fraude, pero se admite, lo que desde otros foros se le está indicando, que es insuficiente porque no tiene ni la capacidad disuasoria ni la recaudadora que se pretende, y, por supuesto, tampoco la ejemplificadora, que parejamente se destruye mediante los mecanismos de amnistía fiscal. En este caso no se trata de coyuntura política o económica sino de ideas, la posibilidad de encontrarlas y aplicarlas. Si ellos no son capaces, que busquen a otros o hagan un concurso de ideas, por otra parte innecesario tras tomar en consideración los mecanismos contra el fraude fiscal —el grande y el pequeño— y los cortafuegos pertinentes a la infinidad de triquiñuelas propuestos por las personas entendidas de la Agencia Tributaria.

Otro escenario plausible sería que las ideas las demos nosotros y expresemos de forma clara la voluntad o necesidad de aplicarlas o nuestra perplejidad si no lo hace, dada su conveniencia, el gobierno de turno, es decir, expresar de forma clara lo que queremos como sociedad sobre algún respecto. Es la expresión de la demanda concreta. Esto tiene a su favor que no toma en consideración otros elementos contaminantes por lo que es genuina pero tiene en su contra justamente lo mismo, por lo que es ajena a la realidad.  Esto ya lo he expresado en otros artículos y lo matizaré en el próximo, pero no es nada más que la percepción de que obedece al sentido común lo que no es tal, y la razón de que en esta sociedad avancemos a trompicones.

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Presentación de la Declaración (provisional) de la Sociedad Inversa Sociedad Inversa

Los principios de verdad son una medida de higiene política o de superación de la judicialización, que tanto daño hace a nuestra sociedad, porque es la continua lucha de iguales en la que a la hora de la verdad unos son más iguales que otros, y en la que sin embargo perdemos las fuerzas.

La inversión social es una medida de higiene socioeconómica o anulación sistemática de los dos grandes problemas estructurales de nuestro sistema social, la competencia (la competitividad) y la incompetencia (la no idoneidad), mediante un sistema de escalado social que propiciaría una adecuación de la actividad a las verdaderas capacidades, dando un sentido diferente al concepto de ocupación.

Ese es el valor de los dos pilares básicos de La Sociedad Inversa, que podemos estructurar mediante una Declaración o decálogo de pretensiones, que conecte con la realidad y que, sin embargo, la supere. Es decir, no se trata de un anhelo hueco sin posibilidad de imbricarse con la realidad porque dispone de demandas concretas y claras en ella, puntos de partida y objetivos alcanzables, no se trata de algo empercudido de realidad, saturados de sus propio lenguaje, sino algo que quiere escapar de la misma, de sus marcos jurídicos, de su inercia, de ciertos usos.

Este decálogo de pretensiones se tiene que concretar luego en toda una serie de iniciativas, que iremos también apuntando en la Teoría social,  que vayan estableciendo una nueva forma de entender las relaciones y una nueva arquitectura social, y que de igual forma modifiquen las relaciones socioeconómicas.

De una parte, nosotros, como sociedad, queremos una sociedad que sin perder de vista las necesidades estructurales y, por ello, la rentabilidad económica, persiga una participación extensiva en la producción y en el resto de las ocupaciones de la vida social propias de una sociedad de desarrollo, propiciando un orden lógico mediante la inversión social (reestructuración y eficiencia), el desarrollo de un concepto de la ocupación sobre la idea de ocupación necesaria y, consecuentemente, de la desocupación, como seña de bienestar, y la adecuación del desempeño a capacidad que impida cualquier tipo de falla social o desarraigo. No queremos una sociedad en la que impere la ley del balancín sino otra levantada sobre la idea de vasos comunicantes, superando definitivamente la dicotomía existente entre los dos grandes modelos sociales —el maniqueísmo ideológico absurdo— y, consecuentemente, su aparentemente irreconciliable espectro de intereses.

Esta dicotomía evidencia que esta sociedad está entendiendo algo mal. Entenderlo bien es encontrar un punto de encuentro. Ese punto de encuentro pasa por establecer unas preferencias en las que las necesidades de la producción no vayan en detrimento del bienestar y el bienestar no vaya en detrimento de la producción, y que todo, en conjunto, vaya en beneficio de la sociedad. Esto se consigue con el citado modelo extensivo por el que todo va en el beneficio de la sociedad, pero toda la sociedad de forma extensiva se corresponsabiliza de las necesidades productivas, esto es, del desarrollo, cuidado y máximo aprovechamiento de las fuentes de riqueza. No queremos una sociedad en la que la riqueza se obtenga de una diferencia de potencial grande sino en un flujo grande y en la supresión de resistencias. Esto para la actividad económica se presenta como intensiva o productivita (y sin los inconvenientes actuales) pero socialmente presenta todas las ventajas de la distribución lógica.

De otra parte, no se trata sólo de cambiar leyes e incluso de cambiar la Constitución, que en último término podría ser necesario, sino de cambiar nuestro concepto de sociedad, nuestra percepción de las formas  habituales, consolidadas y aceptadas, y crear una corriente de opinión que las haga o las tome como inaceptables. En este sentido, estamos habituados —en esa lucha de iguales— a que unos sean presuntamente inocentes por defecto y otros, presuntamente culpables, a que unos tengan como derecho lo que no es tal, en tanto que otros tienen que revalidar continuamente sus derechos más nimios, dando lugar por una parte a un exceso o abuso social permanente y por otra a una gran complejidad social y un gasto enorme de recursos. A modo de ejemplo, podemos decir que no tiene sentido que todos los derechos asociados a la adquisición de una vivienda nueva, esto es, los exigibles criterios de calidad contratados y, sobre todo, los esenciales, tengan que ser recurridos por vía judicial (esto es, revalidar el derecho), y no por vía administrativa o de oficio mediante un simple informe técnico de rápida ejecución, que dictamine lo que en principio (por principio) corresponde; quedando la acción jurídica como recurso o segunda instancia frente a discrepancias respecto del principio refrendado o documentado. No es de recibo tampoco que la verdad jurídica esté del lado del que tiene poder, es decir, que el que tiene el poder tenga la oportunidad de ejercerlo indebidamente y una vez ejercido, de camuflarlo con facilidad mediante el amparo judicial, como se hace de forma circunstancial en cualquier ámbito y de forma sistemática en el ámbito político, donde una fiscalía, del mismo signo político, necesita mucho más que indicios para iniciar un procedimiento (la realidad es que tiene que verse frente a la imposibilidad de no hacerlo). Se necesita por tanto una definición nueva de la verdad jurídica o una arquitectura escrupulosa, o ambas cosas. Esa arquitectura en el ámbito político muy bien puede venir dada a partir de una separación de poderes (y, ¿qué mejor separación que hacerlos de signo político diferente?), mientras que en otros contextos tienen que partir de determinados mecanismos que rompan con la indefensión sistemática o la coerción encubierta, y de la posibilidad de abreviar de forma razonada determinados litigios (para empezar dándole verdadera solución) o mermas de derechos, esto es, la posibilidad de liberar a la víctima del daño y del peso de todo el aparato judicial, quedando liberado del proceso, lo que posibilitará una mayor participación ciudadana o la implicación —personal o no—  en la corrección de todas esas desviaciones que afectan a un buen desarrollo social; lo que deriva en altura social.

De eso se trata, tanto un fundamento como el otro, de establecer mecanismos que no sólo sean elementos de urgencia a la innumerable cantidad de problemáticas sino de otros que eleven nuestra altura social como sociedad, lo que pretendemos de ella. Se trata de dar claridad y simplicidad a la estructura social, en el orden lógico mediante los principios y su jerarquía, y en el orden estructural mediante la inversión social o, lo que es lo mismo, mediante unos mecanismos de empleabilidad eficiente y de utilidad social sin angustias sociales y personales.

Esta sociedad debe ser consciente de que esto que quiere y persigue está sujeto a la viabilidad económica y social, y que habrá, en consecuencia, un largo proceso de transición y la implantación de disposiciones transitorias en el mismo. Para empezar tenemos un problema financiero por resolver que supone también el cambio de una vieja concepción de la riqueza y el reparto, y su transformación en otra nueva, que en modo alguno puede ser la vieja propuesta socialista (ésta no funcionó en el pasado, porque parte de algunos errores de bulto, y no lo hará en el futuro) sino en la que estamos desarrollando y esbozamos aquí. Pero debe ser también consciente de que por encima de este problema tenemos otro, que se ha puesto de manifiesto ahora de forma superlativa pero que ya se venía denunciando por los sectores que vienen sufriendo esta misma problemática en cualquier tiempo, y que no es otro que la capacidad que tiene el dinero sin control de destruir nuestra forma de vida. Es por esto que esta sociedad debe fijar en estos fines sus decisiones, estableciendo esas grandes orientaciones sociales o idea de lo que se pretende alcanzar de una sociedad, que si bien pueden ser desviadas coyunturalmente permiten no perderlas de vista como referencia.

A partir de aquí sólo queda comprender lo que  esencialmente implica esta propuesta, apoyarla, creando un estado de opinión, y  elaborar una hoja de ruta que permita definir las prioridades (se trata de ir hacia otro orden social) y conseguir que esa parte de la sensibilidad social que ya tiene una forma de orden (la socialdemocracia) la adopte, esto es, se dé cuenta de que el único proyecto social viable es éste, y sirva, en consecuencia, de dispuesto vehículo.

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Hacia un nuevo orden social

Tenemos un problema de financiación que ha dado relevancia al problema de endeudamiento, y uno de endeudamiento que ha otorgado un sentido al de financiación que no tiene. Todo ello ha puesto de relieve una debilidad del sistema (capitalista) como tal, que no es otra cosa que la manifestación de la nuestra propia, la de nuestros excesos sin control. Sistema, que ha tenido —y tendrá— que recurrir a fórmulas intervencionistas (ya no sólo del Estado sino sobre los Estados), aunque no por ello efectivas dado que no se están aplicando con sentido político (como podría ser la emisión de eurobonos o la compra-reventa sistemática de bonos) sino de forma tardía, escasa y sin sentido, esto es, no obedeciendo a otro plan que el de evitar el desastre por lo que en todo momento se está al borde de dicho desastre, que de esta manera se nutre. Todo esto sin tomar en consideración una vergonzante deuda privada, principalmente financiera, que está quebrando la columna vertebral de nuestro sistema social.

Toda economía necesita de una bolsa de capital que represente un polo activo en la misma, es decir, un reservorio o volante de inercia que permita mantener los flujos de ida y vuelta entre el mismo y el polo que genera riqueza con su trabajo, o masa social. Esta bolsa de capital, que era simbolizada tradicionalmente por el sector financiero (además de los recursos propios), se ha ido desplazando en la actualidad —dado que los sistemas son abiertos— a una entidad transnacional de inversión que capitaliza determinados activos financieros nacionales, en lo que se presenta como la culminación del sueño liberal: el dinero sin patria; o, dicho de otra manera, como la patria del dinero.

Ese dinero sin patria se comporta como un Estado adicional de un PIB similar al PIB mundial (el de los siete principales fondos equivalen al de EEUU), pero sin servidumbres nacionales, esto es, con todo él dispuesto para ser empleado mediante mecanismos de inversión, para actuar, por lo que se constituye en poder. La forma de presentarse este poder ha tenido dos fases, una en la que se facilita el endeudamiento, homogéneamente distribuido, y otra en la que se selecciona y se encarece selectivamente éste, una en la que se mantiene una cierta proporcionalidad entre las fuentes y los sumideros de la mencionada bolsa, y otra en la que no. Cuando esa proporcionalidad se pierde unas economías se ven beneficiadas en detrimento de otras, que tienen dificultades para conservar de forma natural el volante de inercia, para crear flujos y mantener los existentes, así como para su mantenimiento artificial mediante un cada vez más encarecido crédito, creándose —como antaño se tipificó— dos velocidades de crecimiento.

Esto que se produce en los sistemas abiertos entre unas naciones y otras es lo que tradicionalmente se ha producido entre las zonas  norte y sur de las economías nacionales (sistemas cerrados) por la preferencia que tiene el dinero a aplicarse allí donde alcanza una rentabilidad mayor o mayor garantía, de tal modo que toda la riqueza excedentaria de una nación que no es capaz de fijarse a la economía nacional mediante bienes reales, vuela. ¿Qué dinero?, el mío, el tuyo, el de todo aquel que tiene un activo financiero. Dicho de otra manera, metemos el dinero sobrante en una bolsa común y luego o no nos prestamos el dinero (y lo invertimos allí donde la rentabilidad es segura) o lo hacemos más caro que lo que cuesta, y desde luego más caro que a otras economías más solventes. Esto tiene las consecuencias que estamos viendo en la actualidad, pero puede tener otras no puestas totalmente de manifiesto y que son aún más dramáticas.

Estamos diciendo que todo el dinero excedentario, producido mediante el circuito económico habitual es sustraído del mismo y llevado a otro lugar desde donde puede malemplearse, como ahora, o no emplearse, en cuyo caso tendríamos que todo lo bueno que ha posibilitado la economía de mercado, sin cuyo concurso estaríamos en una economía de subsistencia, desaparece, y que si los cerca de 50 billones de euros que representa el conjunto de lo acumulado, lo que esta civilización ha ahorrado, dejara de estar presente en el circuito económico, entraríamos de inmediato en el neolítico. En buena lógica y a corto plazo esto no ocurrirá porque el dinero quiere tener donde emplearse y ganar dinero (aunque con el caso de Apple, ya vemos cómo), pero a medio plazo sí, porque a medio plazo se centrará en unas determinadas poblaciones y negocios, que llevarán a las otras poblaciones a la ruina y orientará de forma ineludible e inadmisible el curso social: la sociedad será lo que el dinero quiera que sea. Grecia no ha llegado al neolítico pero ha avanzado veinte años en ese camino, que ha quedado franco.

En los sistemas cerrados hay derecha e izquierda porque hay una diferente perspectiva respecto al libre mercado, el volante de inercia, etc. pero en los sistemas abiertos no, porque este volante queda fuera, llegándose rápidamente a la conclusión de que sin la regulación de tales sistemas estamos todos —tal como se viene demostrando— a manos del dinero, esto es, a la certeza experimental de todas las servidumbres económicas y sociales que acarrean la devolución de los préstamos o del aval para hacer frente a ellos. Somos un país hipotecado, no ya económicamente sino socialmente, somos un país cautivo: si la deuda se apunta como gasto prioritario en los presupuestos, los ingresos están limitados por la realidad económica y por el imperativo de hacer la deuda cada vez menor (es decir, que no haya nuevos ingresos financieros) y por el límite del déficit, no queda otra que disminuir los otros gastos, esto es, los sociales, los correspondientes al funcionariado y de las pensiones —siguiendo el camino de Grecia—, etc.. En los últimos presupuestos hemos estado en el límite, en los del año próximo, con la nueva deuda de la banca y el aumento de la prima de riesgo, ya se verá.

El dilema no ha sido —ni será— crecimiento o austeridad, porque no es al crecimiento a lo que se está renunciando sino —como si a un carpintero le embargaran la maquinaria— a sus fuentes, en esto, como se dijo de las acciones políticas tendentes a favorecer la inmigración, la cuestión no es si sí o si no, la cuestión es si se crea un problema o se resuelve (o si lo hace creando uno mayor). Por lo tanto, el mecanismo puede estar bien cuando se emplea como poda selectiva y se quitan hojas secas pero en modo alguno cuando quita elementos productivos desde una perspectiva errónea del gasto y un concepto erróneo de la productividad y la competitividad. Anular una producción por ser poco productivita es mal negocio: es mejor compensar económicamente el diferencial que el completo, es mejor sustentar y rectificar los procesos productivos que anularlos, es mejor sumar que restar, es mejor utilizar el dinero para compensar un diferencial económico que hacerlo para compensar un problema social.

Por encima de esto el dilema es si tenemos o no tenemos opción, o si la tuvimos. Como aproximación al mismo, la primera cuestión es si somos responsables subsidiarios de determinadas acciones de gobierno, y falta de previsión, que no ha contemplado lo que en cualquier otro caso se presenta como imperativo: la cuantía del préstamo va en función de la cantidad que puede liberar anualmente para su pago. La segunda cuestión es si somos responsables subsidiarios de los defectos de supervisión y de las deudas privadas ajenas. La tercera, si habríamos tenido alternativa a esta forma de priorizar el pago, dado que, al margen de que venga impuesto por Berlín, es impuesto por las propias reglas de juego, esto es, por un determinado tipo de contrato sujeto a los vaivenes del mercado. La cuarta es si al margen de nuestra relevancia nacional podríamos haber ejercido otro tipo de presión sobre Alemania y Francia, entendiendo que si hasta la salida de Grecia es un desastre, la de España tiene peso suficiente como para haber jugado un órdago, legítimo en virtud de quien resulta ser la verdadera beneficiada de la situación y de nuestro verdadero perjuicio, es decir, haber forzado si no a que se hubieran instrumentalizado los eurobonos sí a que hubiera habido una intermediación o compra selectiva de deuda que la abaratase y frenara la especulación de raíz. Porque la cuestión es, ¿si Alemania antepone el beneficio de sus bancos a las posibilidades de crecimiento de los países periféricos y da lugar a este expolio, para qué estar, qué confianza merece, cuál es el papel que quiere que juguemos en este orden?, o, como se ha dicho en algún medio, “¿Por qué hunden a España si quieren rescatarla?”, o, mejor aún, ¿qué quieren, abaratarla, para luego comprarla? Sólo hay que ver lo que valen nuestras empresas en el Ibex35 para llegar a esta reflexión.

¿Qué solución tenemos? Es evidente que la solución pasa por cambiar esto, es decir, hacer que parte del más de billón y medio de activos financieros, principalmente aquélla que está asignada a depósitos y fondos de inversión, vuelva a aplicarse de forma natural a la economía nacional. La cuestión es cómo, dado que ni siquiera los países poderosos tienen la capacidad de redirigir parte de la inversión ni el interés o la necesidad perentoria de hacerlo (o de poner en marcha otros mecanismos). Una fórmula sería la de establecer una ley o mandato gubernamental que propiciara un dominio sobre el capital o sobre la preferencia de las gestoras de inversión, pero esto sería complicado y estaría mal visto por el conjunto de los socios de la Unión que lo entendería como un proteccionismo intolerable y contrario a su espíritu.

¿Cómo lograrlo entonces? La única forma de hacerlo es dejarlo a la voluntad de los inversores, es decir, no establecer un mandato pero sí crear el producto financiero que posibilite esta voluntad. La formula desde el punto de vista económico podría ser la creación de ese producto financiero pensado para la refinanciación de la deuda (la cobertura de las emisiones), a modo de deposito (de “salvación nacional”), que partiría de la aceptación por parte del inversor de una menor rentabilidad (incluso que ésta fuera fiscal) o su inexistencia, contemplándose un segundo nivel (2ª operativa) para la reactivación de la economía nacional, que podría funcionar  como una cuenta corriente social, o llevarla asociada.

Las razones para realizar la primera operativa en época de crisis están muy claras pues daría lugar a un crédito social y un aval, o, lo que es lo mismo, al abaratamiento de la financiación alcanzada por los métodos tradicionales: sin duda, el mero escenario de disponer de los tres mil millones de euros correspondientes a una emisión de letras o bonos restaría urgencia o premura a la financiación y eliminaría elementos especulativos sobre la misma. Pero la otra operativa atacaría el problema de fondo o de soporte, que no es otro que el de la deuda, esto es, el de nuestra capacidad limitada de amortización y de crecimiento mediante recursos propios y/o evidencia de que somos incapaces de mantener nuestro sistema tal como está administrado.

A este respecto, y dejando a un lado el capítulo de la administración (que ya hemos abordado someramente), la ineficacia política, y todas las cuestiones ajenas al sistema, podemos darnos cuenta de que una de las cosas que van en contra de nuestra sostenibilidad es el desarrollo, que una de las cosas que va contra la evolución del sistema es el propio sistema, que lo que va en contra del desarrollo es el propio desarrollo: el bienestar tal como está estructurado, y la forma de capitalizar los recursos de la clase media que lo representa. Esto en buena medida —descontadas todo un abanico de circunstancias— fue lo que ocurrió en el Imperio romano: el mantenimiento de toda una clase acomodada a la par que desaparecían o encarecían algunas fuentes de crecimiento (esclavos, territorios, riqueza periférica etc.), lo que terminó por destruir el tejido social e incluso la estructura del Estado.

De esto se concluye —en línea con lo planteado inicialmente— que tenemos que cambiar nuestros conceptos en lo referido a la provisión o los sistemas de financiación (por supuesto en lo social, de ahí La Sociedad Inversa), dado que gran parte de la capacidad inversora se encuentra (al margen de que se acumule en la citada bolsa) dispersa en esa clase media. Es por la exigencia económica del bienestar y la capacidad inversora de la clase media que ésta no sólo debe ser receptora del bienestar sino promotora del mismo mediante los mecanismos señalados (si no queremos dejar de ser ambas cosas), muy al margen de que se depuren los mecanismos de financiación tradicionales y la responsabilidad de su ineficacia, y que seamos capaces de poner a la luz y para beneficio común las grandes reservas de capital o motores de crecimiento. A estos efectos, aquí está ocurriendo algo paradójico y contrario a esta idea, pues todo el monto inversor de la clase media se junta con el del gran capital (hasta formar los 50 billones) y se emplea para los fines que éste quiere, que son generalmente el deterioro de la clase media y, consecuentemente, de la estructura social. Se hace necesario, por tanto, además de rescatar, diferenciar una clase de capital de otra.

No estamos diciendo que la sociedad del bienestar no sea sostenible o financiable, estamos diciendo que puesto que el dinero no está o no está donde nosotros queremos, no lo es, a no ser que diferenciemos unos capitales de otros y nos hagamos corresponsables del desarrollo social. En efecto, no podemos esperar que todo el peso de la inversión sea privado (que es interesado) ni público (que es escaso) sino que tenemos que ser capaces de orientar a la misma no sólo esa parte del capital que va a donde la inversión es más rentable y segura, que lamentablemente puede ser al exterior (economías emergentes etc.), sino esa otra que no puede constituirse en inversión porque son ahorros discretos, desubicados y sin posibilidad de emplearse de forma clara y determinada. Pensemos que la forma tradicional de invertir está basada en la diferencia entre el polo inversor (unos inversores concretos) y, consecuentemente, en la diferencia de capital entre un polo y otro (diferencia económica y social) mientras que aquí estamos llevando deliberadamente el capital de toda una clase media pudiente al polo inversor al tiempo que la relevancia social (la perpetuidad del bienestar) sigue intacta. En este caso no se garantiza el flujo de riqueza por diferencia de potencial entre los dos polos sino que uno de ellos realimenta esa diferencia con todo el capital posible lo que da lugar de un lado a una capacidad exponencial de crecimiento y por otra a la sostenibilidad del sistema con muy poca diferencia de potencial, en tanto que presenta un fuerte flujo.

Lo que inicialmente se presenta como un elemento circunstancial de salvación económica es en realidad un sistema pionero de sostenibilidad (una avanzadilla que otros tendrán que seguir), desarrollo social, y optimización de recursos. Esta fórmula de desarrollo económico  —acompañada de otras de desarrollo social— es la única posible en este contexto inversor, de globalización, productividad y empleo escaso, porque es la única que puede insertar el capital y a la población en el sistema, y hacerlos verdaderamente complementarios. La clase media tiene que ser artífice de su propia sostenibilidad. Lamentablemente no toda la clase media sino ésa que no encuentra en la ventaja de sacar un 4% de rentabilidad en vez de un 3% una gran ventaja, y puede prescindir de ella. No puede serlo la clase baja que no tiene recursos, no puede serlo la clase alta que tiene un concepto de rentabilidad contrario a este espíritu (que incluso se va a los paraísos fiscales). En verdad en esto radica el quid de la cuestión, en apreciar que el beneficio social y económico de hacer esto es superior a esa diferencia de un punto porcentual mientras que el perjuicio de no hacerlo es —ya se está viendo— inconmensurable.

Esta práctica daría lugar, en primer orden, a un colchón económico que permitiría prescindir coyunturalmente de financiación, además de constituirse en el mencionado aval, pero en segundo orden nos llevaría a la supresión de la deuda pública o, lo que es casi igual, a conceptuarla de forma distinta. Está claro que una sociedad, del mismo modo que una familia, debe limitar su endeudamiento o incluso llevarlo a cero, pero puesto a tenerlo es muy diferente el concepto de gasto al de inversión social, que a su vez genera empleo, riqueza, etc. Y puestos a tenerlo es muy diferente el concepto de deuda al de capital flotante aplicado. Este concepto de capital flotante es muy interesante porque es un capital que la ciudadanía no utiliza salvo para compras circunstanciales, lo que hace que se presente como una mutua o un ecobanco, esto es, como un diferencial de entrada-salida constante destinado al desarrollo social, lo que supone empleo, integración, ingresos de la seguridad social, etc., y supone la captación de otros tipos de financiaciones al tipo que marquemos con las nuestras (en esa situación no todo el capital externo podría encontrar fácilmente en que invertirse), gobernando el movimiento del dinero, lo que, en definitiva, es darle la vuelta a la situación actual. En esto radica el otro quid de la cuestión, una vez diferenciados los dos tipos de capitales, y aplicado uno de ellos, en incorporar el otro a la vida pública: las grandes fortunas tendrían la oportunidad de estar en una lista blanca o en una lista negra, es decir, al servicio de la sociedad o de espalda a sus necesidades, y sin un uso claro.

De otra parte, el sistema económico actual nos empuja a consumir o a no consumir en virtud de las circunstancias, dando lugar, sea cual sea la acción a un efecto positivo y otro negativo que hay que equilibrar, aquí decimos que lo consumido es una forma de inversión y lo no consumido se invierte de otra. Esto supone un nuevo concepto de economía mixta porque se socializa lo que no se consume, que permite un grado de diferenciación económica y riqueza personal (la persona dispone de su capital en todo momento para el consumo) pero comparte con la sociedad buena parte de lo que esta riqueza produce (toda aquella parte que no es invertida de forma directa o privada).

Frente a esto se nos propone una socialización de las pérdidas. Curioso, se está dispuesto a nacionalizar el desastre (o repartirlo) pero no el desarrollo: para el beneficio lo mío es mío y lo tuyo, tuyo, pero en las pérdidas todo es de todos. Seguramente, como es el caso de las entidades financieras,  porque tocan la médula espinal del sistema, pero para todo hay formas, formas que dando solución al gran problema de fondo no olviden que se trata de entidades privadas que han puesto en riesgo su solvencia, la de muchos particulares, y la  del país, esto es, que no olviden el carácter punitivo de determinadas acciones.

¿Cuál es la solución de esto que nos pasa y que nos diferencia del resto de los países de nuestro entorno? Respecto a la deuda privada, y en particular la de los bancos y cajas, sólo cabe (3ª operativa) realizar una recapitalización suficientemente masiva (es decir por el valor de los cuarenta o cincuenta mil millones de euros necesarios) y conjunta (una acción sería un pack de acciones de las diferentes entidades auxiliadas), con una particularidad —en línea con lo expuesto anteriormente—, que se haga mediante un producto financiero que diferencie el origen del dinero y su funcionalidad, lo que se podría hacer mediante una cartera opaca, suma de los valores comprados y de sus  subsiguientes ventas, hasta liquidarlos, de acuerdo a su evolución. De esta forma, se le da esa confianza a la Banca y el dinero que la representa, pero existe un rastro permanente de ese dinero y una garantía de devolución mediante los mecanismos del mercado (más que probablemente, una vez recuperada la confianza, a un precio superior) y, si se quiere, del respaldo final del Estado, que mediante las operativas anteriores se podría endeudar coyunturalmente algo más.

Con esta fórmula  se consigue no dejar caer a las entidades financieras y que la refinanciación sea conjunta y por tanto más sólida, eficiente y económica (tomadas las entidades una a una y con el margen de pérdidas futuras, en vez de ese dinero se podría necesitar el doble), pero también que esa refinanciación, asumida inicialmente por el nuevo inversor mediante la fórmula indicada, sea en realidad asumida por el accionariado inicial mediante el canje de acciones; aunque una vez recuperada la confianza pueda recuperar su valor inicial o superarlo. Una vez más, se trata de un aval social a la deuda, en este caso privada.

Frente a estas operativas está la decisión de los otros, pero, ¿y sí los otros no deciden, o no deciden lo que nos salvaría, o no lo hacen respetando los tiempos, a pesar de que le juremos y perjuremos que no haciéndolo perdemos todos, o deciden lo que les salva a ellos, lo que les viene bien? La decisión de los otros tiene un precio, en el mejor de los casos económico como resultado de prestarnos un dinero (nuestro propio dinero) que muy bien nos podemos prestar a nosotros mismos y más barato. Frente a la opción de actuar está el ir quedándonos sin clase media, sin sus recursos y, en consecuencia, sin la posibilidad de actuar: la alternativa es reformular el modelo de sociedad o volver al de los años cincuenta.

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La segunda operativa —principalmente— presenta objeciones tanto desde el punto de vista de la articulación o efectividad y de la garantía económica como del compromiso social. Respecto a lo primero ya hemos dicho lo paradójico que resulta que exista un endeudamiento de dos tercios del PIB y que no haya servido para generar ese tipo de sociedad sostenible, por lo que sin una articulación diferente toda invitaría a pensar que no serviría nada más que para engrosar la deuda asociada a este nuevo capítulo o su desviación hacia el gran capital (saldar agujeros de Bankias y otros), esto es, el camino contrario al que hemos planteado. Está claro que para proceder a este sistema se tiene que garantizar el capital, y se tiene que garantizar su empleo adecuado, no sólo del capital flotante sino el que hoy por hoy se está utilizando vía presupuestos, lo que nos llevaría a un control de la gestión, no conocido hasta ahora, un control del gasto exhaustivo, y una punibilidad de la malversación y del fraude no conocida hasta este momento, pero haría falta algo más, haría falta —y esto es ya lo segundo— un consenso respecto de los servicios que esta sociedad quiere ofrecerse a sí misma, y las garantías o coberturas, que pasaría por la recuperación de algunas de las perdidas como consecuencia de la crisis. En este sentido sería difícil que gran parte de esa clase media ofreciera su capital sin un plan que le dé un sentido adicional al bienestar social, que implica muchas más cosas: un conjunto mucho más completo de derechos por el mero hecho de ser nacido, como contrapartida a otro mucho más exigente de deberes que sin duda habrá en una sociedad que junto con la longevidad adquiere otras servidumbres. Esto se concreta en una definición del bienestar y un programa claro de lo que supone conseguirlo paso a paso en función de la altura social y de las posibilidades económicas reales, que serían muchas en un sistema en el que todo el dinero va destinado al sistema, y todos los recursos humanos también, que nos llevaría a la cobertura total o por defecto, y esto a otras formas de entender el empleo, el desempleo, y cómo afecta cada cosa a la sociedad al margen del lado que nos ha tocado vivir, porque ya todos estaríamos en el mismo lado: en el lado de la eficiencia social; dándose por resueltas muchas tensiones económicas y de grupos, e innecesarias muchas de las decisiones legislativas.

Este es el camino para alcanzar un modelo de sociedad en el que todos estemos implicados tanto económica como socialmente y hacer frente a las problemáticas que se producen en las sociedades en desarrollo cuando se saturan o alcanzan determinados umbrales sistémicos, que —como dije— se han producido históricamente y que se producirán en tanto no se superen o cambie las estructuras o bases de funcionamiento, éstas que se están planteando aquí como solución a un problema pero que tienen en realidad otra dimensión.

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Resumen de la 3ª entrega de la Teoría social

En la 3ª entrega vamos a identificar definitivamente a cada uno de los polos del transistor con un agente del escenario socioeconómico, y las formas de trabajo del transistor desarrolladas mediante su curva característica con una forma de desarrollo social, tanto de las posibilidades de desarrollo desde un estado cualquiera como las ya presentadas históricamente (esclavismo, feudalismo, capitalismos, socialismo, etc.).

De otra parte, identificamos de acuerdo con la bipolaridad dos tipos de sistemas, los de orden-0 y los de orden-1, que se corresponden respectivamente con aquéllos que parten de un único polo que se separa (bipolaridad económica) y aquéllos que parten de dos polos que se ponen en comunicación (bipolaridad política), que evolucionan una vez alcanzado el equilibrio de acuerdo con el cuerpo teórico descrito.

En el epígrafe siguiente se extenderá este cuerpo teórico a la bipolaridad política, a partir de lo que es su esencia: la posibilidad del hombre de establecer dichas relaciones políticas o presentarse como un Hombre bipolar.[SIGUE]
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Resumen de la 2ª entrega de la Teoría social

En la 2ª entrega se desarrolla —a partir del principio de bipolaridad— un modelo económico apoyado en el modelo del transistor bipolar, esto es, de un dispositivo electrónico de tres terminales que tiene una curva característica de trabajo y un modo de funcionamiento típico de muchos sistemas. El comportamiento viene determinado por la diferencia de potencial entre los dos terminales principales, dando lugar a formas de trabajo, y viene condicionado por el potencial del tercer terminal, las resistencias del sistema, y la potencia máxima del mismo. El comportamiento da lugar finalmente a puntos de trabajo del sistema (mapa de estados) alcanzables por la modificación de dichos parámetros. [SIGUE]

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La puta realidad

Desde esta página se está reclamando constantemente la necesidad de posicionarse respecto a algunas cuestiones fundamentales. ¿Por qué?, porque no basta con decir qué es lo que queremos  sino también qué estamos dispuestos a aceptar o desechar para lograrlo. Son muchas las cuestiones, pero esto puede ser el caso de lo referido en el principio de bipolaridad o aceptación de dos realidades; que no queremos esto, pues bien, ya tenemos un lio frente a esta cuestión, y una división, los que sí y los que no. Esto es lo que ocurre con la forma de democracia, si representativa o directa, y ha sido el caso en DRY respecto a aceptar una cierta representatividad, los que sí y los que no, que ha derivado en división. No cabe duda que la representativa tiene sus inconvenientes (los que ya sabemos y vemos) pero tampoco cabe duda que la otra presenta muchos otros que se están poniendo de manifiesto en cada asamblea (y que crecen de forma exponencial con su número): finalmente siempre es tendenciosa y manipulable y sometida a ciertas mayorías que no saben de más razón que la razón de la mayoría; y esto es peligroso.

…Aprendimos el método científico y tratábamos el comportamiento con la misma asepsia, desde la lejanía, tratando de encontrar las leyes del comportamiento. El comportamiento físico, el comportamiento humano, el comportamiento social. Nosotros también debatíamos sobre la cotización; pero a nuestra manera.

—Es curioso —le decía yo— como la Bolsa que es la expresión más acendrada del capitalismo puede ser, en cierto sentido, la forma más extrema de socialismo.

—¿Por qué?

—Porque la socialización de las empresas que pretende el socialismo la consigue el capitalismo con el cupón-participación, vamos, con la acción…

¿Dónde estábamos ese día? Uno podría pensar que ésta es una conversación que va al hilo de la última sección del telediario de sobremesa. ¿Dónde estábamos ese día? Habíamos subido al refugio de Zabala, en pleno Macizo Central. Era una estancia abandonada en un lugar abandonado y nosotros, como dos hormigas en lo alto de una roca de granito, de un granito inmenso. Era de noche. Allí no había eco pero si gritabas la voz te volvía por el otro lado. Era sobrecogedor.

—Dista mucho la socialización de los medios de producción de la repartición del valor de una empresa entre una clase pudiente que no quiere alcanzar otra cosa que un valor añadido para deshacerse de ella—me contestó Sonia.

—Si, por ejemplo, esa clase hiciera, hipotéticamente, valer su opinión, en lo que llamamos asambleas de accionistas —proponía yo—, se constituirían verdaderamente como una asociación asamblearia en la que cada acción es una acción, un voto capaz de cambiar el destino o la filosofía de la empresa.

—Esa clase hace valer su opinión en las asambleas de accionistas —repitió ella— y cada acción es un voto, y cada voto una acción encaminada a mejorar la gestión y el beneficio. La forma de las cosas no importa, al menos en este caso. Reuniones asamblearias ha habido toda la vida, pero de nada vale votar lo que se quiera con la mano izquierda si la derecha está en el bolsillo contando las monedas. O, mejor dicho, sí vale de algo. Sirve para saber que el espíritu de esa asamblea es precisamente ése…

La cuestión es que la forma de una idea no es la idea, y que la alternativa a esta democracia adulterada (irreal) no puede ser un asamblearismo sin corazón (que funciona por mayorías simples o simples mayorías) y sin regulación, esto es, en el que no ha alcanzado el mínimo ordenamiento exigible para hacerlo efectivo, que deviene en una representatividad camuflada e ineficiente (al ser camuflada no se coge oficio) contaminada por el posicionamiento de todo un colectivo deseoso de participar y contribuir muchas veces desde la desinformación más pasmosa.

La cuestión es, en consecuencia, si queremos una sociedad en la que tengamos que estar todos sobre todos los temas o queremos otra en la que el carpintero se dedique a la carpintería, el abogado a la abogacía, el político a la política, y, en definitiva, el experto de cada área a su área, muy al margen de que podamos objetar y reclamar (y llevar en algún caso al tribunal), si finalmente no cumple las expectativas y no resulta ser tal experto, como podríamos haberlo hecho en las dos nefastas intervenciones de Solbes como ministro de economía y las más recientes de Rato y Ordoñez en el caso de Bankia, no estando en lo que hay que estar (éste último tristemente famoso por meterse en lo que no le importa, esto es, por estar en lo que no tiene que estar); y en todos los casos de banqueros forrados a pesar de la mala gestión, y en todos los que se solapan el interés general y el particular[1]. La cuestión es si queremos una cosa u otra porque de una forma nos podemos equivocar y estar sometidos a los juicios intencionados (y pedir responsabilidades), pero de la otra nos equivocamos seguro, y estamos expuestos a la ignorancia y a los juicios sin fundamento.

No basta con ser consciente de los problemas sino que hay que darles solución, y para ello hay que hacer un alarde de madurez (experiencia y conocimiento) que sólo en determinados casos puede ser eludida o superada mediante la reflexión profunda, es decir, mediante el discernir filosófico que nos lleva a delimitar qué cosa es necesaria o qué cosa es inevitable o qué cosa inalcanzable, y, con esto, a ahorrarnos mucho trabajo y a no perder fuerzas en cuestiones inútiles, a no perder esas fuerzas en las propuestas porque o bien son obvias (y adscritas a la demanda natural), como es el caso de pedir trabajo para todos, o bien son imposibles o contrarias a otras demandas o realidades, como es el caso de la renta básica universal, que se contrapone a la realidad económica o se hace imposible con ella, y en cualquier caso, son tan pobremente estructuradas... Aquí se pone de manifiesto que cuando se pide no sólo hay que saber lo que se pide, para no hacerlo, si es imposible (como niños que le dicen al padre “yo quiero una bici,..”, sin tener conocimiento de su realidad económica), sino, para, si es posible, hacer junto con la petición una propuesta.

En nuestro caso para saber esa realidad económica sólo hay que ver los Presupuestos Generales y otros indicadores, ver cuántos somos generando ingresos y cuántos recibiendo servicios. Si uno los ve se da cuenta de que la cuestión del recorte no es una entelequia sino una cuestión que tarde o temprano tendría que aflorar porque resulta que España, siendo una de las menos endeudadas, tiene una deuda de aproximadamente dos tercios del PIB, es decir de dos veces los presupuestado anualmente, con una particularidad, que en lo presupuestado anualmente no hay margen para amortizar el capital, ni siquiera los intereses que genera el préstamo, de modo que año tras año se debe lo mismo más los intereses, y hay que renegociarlo, naturalmente a precio de mercado; y en esas estamos. No es una cuestión menor, es un escándalo que las necesidades de financiación de este año se correspondan (aproximadamente) con los intereses de la deuda y que entre esas necesidades y las amortizaciones de capital tengamos que pagar este año 2012 186.100 millones de euros que no tenemos y que se llevan el 10% de lo presupuestado sólo en interés (28.848 millones).

Y digo yo, ¿todos estos requisitos económicos no estaban ya en los criterios de convergencia del Tratado de Maastricht de 1992 y se habían alcanzado ya? Pues sí, ahí ya se había regulado justamente para que esto no ocurriera. Sabiendo todo esto hay que darle un tirón de orejas al ejecutivo (o llevarlo a la cárcel), que no sabe mantener sus propios acuerdos, que no sabe administrar el dinero del contribuyente, que gasta sin ton ni son, que no sabe recortar paso a paso, controlar el gasto público y el fraude, y ahora hace del recorte una necesidad vital. En efecto, ahora es una necesidad vital, y siéndolo se hace como se entiende o se prefiere.

¿Dónde estábamos nosotros? Seguramente gastando, eso es lo que supimos hacer mientras que pasaba todo esto. Gastaba el jornalero que se veía con dinero y se compraba una televisión nueva de pantalla plana, dejando a los tres años la vieja que no era Full Hd (cuando todo el mundo sabe que las teles se cambian a los veinte años) y gastaba el dueño de las teles en un flamante BMW o un todoterreno, que era lo que se llevaba. Hay que darle otro tirón de orejas al ejecutivo que no sabe o no ha querido controlar la deuda privada (la deuda privada es de más de tres billones y, en particular, la de las familias, de uno), y al respetable que se piensa que el dinero se fabrica sin más, y que gestionar lo que generan catorce millones de asegurados (los diecisiete menos los tres de funcionarios), mucho de ellos de baja contribución a la seguridad social, para pagar a esos tres millones de funcionaros, los casi nueve millones de pensiones (bajas, eso sí), y todos los servicios sociales, es poca cosa. No es poca cosa, y como no lo es no basta con decir, queremos, queremos, queremos, sino que hay que echar cuentas y darse cuenta que para tener esta sociedad hay que echar números, hay que hacer algo más, hay que buscar soluciones; algunas de ellas fuera de la esfera de actuación de un determinado poder. Soluciones dramáticas cuando la escalada de la prima de riesgo puede hacer que la deuda sea impagable so pena que se esté dispuesto a engrosarla sin fin.

Ya he tratado anteriormente el riesgo que hay de caer en una economía de subsistencia, también he dicho que más que establecer una nueva Constitución habría que establecer un nuevo modelo de sociedad, pues bien, para ser exactos, antes de esto, lo que habría que establecer un nuevo modelo económico (como haremos en La Sociedad Inversa), es decir la viabilidad económica de las diferentes transformaciones sociales. Esto no se resuelve a mano alzada, o estableciendo un decálogo de anhelos (útil en época de bonanza), se resuelve pensando, pensando mucho. Por ejemplo: ¿existe algún tipo de iniciativa, que pueda ser ejercida por un gobierno de forma particular, que neutralice el fraude proveniente de los paraísos fiscales y de las sicav, y que no tenga efectos secundarios? No he visto ningún comentario que contemple, estudie o planteé alternativas o establezca un avance de lo que pueda suponer económicamente tal o cual pretendida medida social. Mucho menos, alguna iniciativa. ¿Esperamos a lo que nos depare buenamente el porvenir una vez tomadas determinadas decisiones sociales? ¿No parece más lógico definir qué tipo de sistema económico es posible, y entonces tomar las decisiones pertinentes o las directrices precisas? Sí parece más lógico en un mundo que está a punto de cruzar determinados umbrales (superpoblación, materias primas, agua, etc.), y parece más lógico además teniendo en cuenta que el dinero es miedoso (ya lo estamos viendo en Grecia), el de los cien millones, el del BMW y el de la tele plana, todo el dinero.

Puestos a decir, tenemos dos problemas respecto al dinero: uno que no lo tenemos y otro que lo tienen otros. Uno nos lleva a la subsistencia y otro a la dependencia económica, a la regresión social y moral, que es otro camino más largo para llegar a la subsistencia o incluso a la miseria. ¿Qué camino cogemos, el largo o el corto?

Renegar de las formas económicas instaladas está bien cuando se tiene algo que ofrecer. Por lo sabido podemos decir que donde impera esta forma burguesa, con todos sus vicios, existe crecimiento, que de otra forma no está presente: no habiendo esa forma de crecimiento ha hay subsistencia e incluso supervivencia (donde no existe el (99+1)% existe directamente el 100%). ¿Tenemos algo mejor que ofrecer? En esta fase del desarrollo humano no nos podemos permitir errores ni ningún tipo de soberbia ni urgencia: el camino corto nos da lo que nos da, el largo nos da tiempo.

En esta fase del desarrollo con los problemas citados connaturales al mismo, o somos capaces de alcanzar una forma de crecimiento suficiente en el modelo que queramos implantar o mejor nos estamos quietos, porque o damos una buena solución o quedamos sin solución. Esto es lo que se pretende hacer desde aquí, plantear alguna medida económica que sea efectiva y congruente con el sistema social que queremos instalar, o que representa una medida higiénica en el actual, y plantear propiamente el sistema social. Y es lo que haremos en los posts siguientes, además de seguir con la Teoría social y establecer una Declaración de las pretensiones sociales (orientaciones sociales asumibles), definir una solución particular a la cuestión de los Mercados, en tanto surgen medidas políticas de otra índole.

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[1] La iniciativa 15MpaRato va en la línea de lo que estoy diciendo, en la de tratar por todos los medios que la ineptitud y la despreocupación no queden impunes. Sería muy interesante que de las primeras cuestiones claras y concretas en las que se pusiera de manifiesto una forma del poder popular fuera la de conseguir el establecimiento de determinadas comisiones y la modificación de determinadas leyes que contemplaran más claramente todo el espectro punitivo adscrita a la figura del político, lo que daría otro contenido a la fiscalía del Estado o la posibilidad de ejercer una acción popular, en cuanto que existe el daño particular; de hecho ese daño ya permitiría al accionariado de Bankia ejercer esa acción.