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domingo, 15 de abril de 2012

La Pepa

El pasado día 17 participé en el encuentro en Cádiz de las Asambleas Constituyentes, a pesar de que inicialmente tengo planteadas objeciones a la conveniencia del proceso (tal vez por eso, para intentar superarlas), además de las que tengo a cualquier proceso asambleario, susceptible de ser forzado a unas premisas o a un ritmo indeseados. Algunas de las objeciones, que yo no quise plantear nada más que de forma indirecta (otra cosa sería ir en contra de la idea, que trato de trasladar: la de ir a lo que nos une), se pusieron de manifiesto desde las primeras intervenciones, incluso en las del 17-D (ver 38:25 del video), siendo ninguneadas por aquella parte de la asamblea que quería poner el acento en sacar algún tipo de resolución frente a la opinión pública, esto es, no tanto en los preliminares, en la posibilidad real, en los fundamentos y las contraindicaciones, como en avanzar respecto a la pretensión final de establecer este tipo de declaración. De esta manera, lo que debería haber sido la esencia de la asamblea, su justificación, y la base de las diferentes propuestas, quedó reducido a mera comparsa o trámite, a algo de lo que no queda memoria o recuerdo alguno, ni sirve como punto de partida de nada, porque ese punto ya se ha fijado y preestablecido como referencia: el acto no iba destinado u orientado al debate sino a la reafirmación de los presupuestos apuntados en la anterior convocatoria (punto 4º de la hoja de ruta acordada el 17-D) o incluso en una suma de voluntades anterior a ésta.
La pugna latente inicial estaba entre los promotores de la posición citada, los que además pretendían pre-configurar arquitecturas políticas o resolver agravios históricos (cabe citar a los propuestos por las secciones pro-republicana y de la memoria histórica), y los que de forma contraria pensamos que en ningún aspecto podemos partir de cero ni con prejuicios, que las cuestiones hay que tratarlas en profundidad, que las propuestas no pueden ser un repertorio de cuestiones vanas u obvias sobre las que decidir si sí o si no (como:“¿queréis que esté recogido que haya libertad, queréis que esté recogido que haya igualdad entre hombres y mujeres, etc.?”), en vez de otras bien estructuradas —que no se pueden resolver sobre la marcha— y que contemplen, como premisa, la realidad.
Del resultado alcanzado, la Declaración, se desprende que al final la balanza se inclinó, en algún sentido, hacia la última opción, no porque la primera fuera declarada absurda sino porque, como puso de manifiesto un compañero gallego, es ilegítima, es decir, que más allá de ser inapropiada, innecesaria, insuficiente, es ilegítima: los allí presentes no podemos ser una asamblea constituyente; por lo que lejos de poder llegar a pretensiones de otra índole se llegó, tal como defendemos algunos, a unas más genéricas, esto es, a una orientación social que, no obstante, a pesar de ser una declaración de mínimos, resulta cuestionable e insuficiente. Insuficiente, porque si bien es cierto que un articulado no cambia la realidad, un deseo sin conexión con ella tampoco, ese es el caso, la Declaración se ha quedado en una mera definición, o una simple llamada a la transformación de ese articulado, es decir, en un deseo que no ha podido, querido o sabido materializarse en nada. Cuestionable, porque no se ajusta a la realidad: creo que la resolución y el proceso están altamente influidos por la experiencia latinoamericana que tanto se nombra (esa es la anteriormente mencionada suma de voluntades), y que está equiparando excesiva y equivocadamente unos sistemas políticos (y sociales) con otros, y la forma de ser corruptos, o incluso que, en esa conexión, se tutela el liderazgo, tomando formas que no son propias o son extrañas a nuestra realidad. Contrariamente, tal como se dijo de la spanish revolution frente a la primavera árabe, son dos status quo diferentes, en un caso hablamos de sistemas estructuralmente corruptos, a los que hay que cambiar de estructura (ir a una democracia formal), y en otro de la necesidad de dar un salto cualitativo en la idea de democracia (de democracia formal a esencial), al margen de que dicha necesidad esté motivada o acompañada por una merma de los aspectos formales.
Se podría haber argumentado además, si hubiera habido tiempo y lugar (y así haberlo reflejado), que el problema es otro, que el problema es de regresión social y solvencia económica de las naciones por una cuestión (ya explicitada en el Manifiesto): que la acumulación del trabajo, en esa forma imperecedera llamada dinero, ya no sólo se acumula desproporcionadamente entre unos hombres y otros sino que se hace entre unas y otras naciones, que esa acumulación, que tendría que revertir nuevamente a la sociedad porque es su riqueza, desaparece; que esto crea una realidad socioeconómica (tan real e ingobernable como la escasez de materias primas o la morosidad personal), es decir, un marco ineludible que condiciona u obliga y limita la respuesta social y política; que esto se da en sistemas republicanos y federales (por lo que no parece pertinente establecer en esto el caballo de batalla, al margen de que estas formas sean formalmente más democráticas); que esta ruina económica tiene causas endógenas difícilmente alterables mediante acciones políticas individuales en un mundo global, y sí mediante un trabajo de ingeniería política-social, es decir, a través de una secuencia inteligente de acciones que nos vayan llevando poco a poco a otro paradigma, que es el que tenemos que inventar o imaginar,… y muchas cosas más.
Esto es gran parte del debate (objetar y acotar), imposible de establecer en tres minutos de intervención necesariamente focalizada sobre los aspectos citados al inicio. La otra parte del debate estaría destinada a concretar esas necesarias acciones económicas (ideas en el campo de lo posible y lo útil) y la forma de canalizar la presión social para que las primeras (y otras disposiciones sociales) no encuentren resistencia en la clase política o en el propio sistema, presión que, llegado el caso, y ahora sí, podría llevar de forma necesaria a una modificación de la Carta Magna.
Llegado este punto parece oportuno no correr tanto e incluso volver sobre los pasos (del pretendido Km1 al Km0) y cuestionarnos lo que deberíamos habernos cuestionado. Para empezar, hasta una comunidad de vecinos sujeta a la ley de propiedad horizontal dispone de unas asambleas bien reguladas. Esto es un botón de muestra, tal vez el más doméstico, de por qué no podemos partir de cero: existe toda una regulación sobre bienes comunales, sobre qué y cómo debatir, cómo levantar actas, aprobarlas o impugnarlas: no parece acertado que la presentación de las propuestas, discusión, rectificación, aprobación y ratificación se hagan en el mismo acto; lo que pueda dar idea de la entidad de las mismas o de la vehemencia con la que se han alcanzado ciertas decisiones: su legitimidad (existen comisiones de trabajo cerradas, hay una cierta élite que habla, escribe y expresa opinión), su permanencia en el tiempo (por ejemplo, en la WEB, la adscripción a la Declaración es una continuación de la que se hizo para el Llamamiento¿?), estructura de la organización y metodología de comunicación, en definitiva, del desarrollo de una democracia interna, trasparencia y equidad que facilite la posibilidad de decir cosas a quien tenga cosas que decir, con las mismas herramientas y la misma cobertura, y no a quien llegó antes o se entiende precursor. En todo esto tenemos que contemplar que en efecto somos el 99%, pero también que al 99% de ese tanto por ciento no le importa el tema o está inmerso en los hábitos sociales o es ignorante o remiso a cualquier cambio, y desconfiado, porque entiende que no le reporta nada, que es más de lo mismo. A ese tanto por ciento no le importa pero le puede importar, y queremos que le importe, lo que nos da que hay ofrecer algo más (en la forma y en el fondo), tenemos que ofrecer la oportunidad de sumarse a la propuesta y la de cuestionarla: no estamos sumándonos a un proceso, lo estamos creando.
Para sumar efectivos a una acción se debe respirar un aire de confianza: entender que es una acción efectiva (consigue metas), que responde a la necesidad (sabe cuál es), que hay una cabeza (no está descerebrada sino organizada) y una columna vertebral (una teoría social o ideario que vertebre esa necesidad), y no va contra los intereses generales. El 15M está a años luz de este movimiento y, sin embargo, adolece de esta confianza, esto es, de la totalidad de los elementos que la componen. En eso estriba la capacidad de convocatoria o la posibilidad de pasar a formar parte de la fauna descontenta o del activismo infructuoso y disperso. Es por esto también que necesitamos alcanzar su necesidad, y la necesidad de que sea de una forma determinada. Todavía no se ha encontrado la necesidad, sólo se presenta un repertorio de necesidades (15M) o una hipotética estructura formal que las enfundan a todas, pero esto no ha sido siempre así: antes, a cada nueva norma le empujaba un espíritu, un sentimiento. Antaño fue así para eliminar la tortura (1812), ahora puede ser ya así para entender o revitalizar ciertos sentimientos de humanidad, pero no lo es todavía para descubrir otros que están escondidos o camuflados, y a los que sólo se puede llegar escarbando en los hábitos sociales y poniendo a prueba nuestra propia exigencia. Tendremos que alcanzar ese espíritu, mediante una intensa confrontación de opuestos, antes de pretender ordenación jurídica alguna. Ésta es la esencia de los principios de verdad, la síntesis (una verdad suficiente, un principio necesario).
Lo importante es encontrar aquello que puede hacer diferente a nuestra sociedad, y eso no lo da una estructura sino el deseo de ser algo esencialmente diferente de lo que somos. El cambio no es una estructura sino el descubrimiento de unos comportamientos indignos instalados, en algunos casos perversos, y en otros simplemente ineficientes o contraproducentes, y de toda una mentalidad que los amparan, creyendo amparar —en el mejor de los casos—  un ideal o una forma de vida. Sólo seremos capaces de transformar nuestra sociedad cuando definamos claramente las formas sociales desechables, y vayamos introduciendo elementos de higiene social y política, nunca mediante la adscripción a determinadas fórmulas establecidas y manidas. En este sentido, nuestro caso no sólo no es el caso de otros países, sino que nuestra época no es la misma que otras épocas, y, en consecuencia, la solución no puede ser la misma ni en el fondo —como ya hemos indicando—, ni en la forma, esto es, que pretender encontrar en una nueva Constitución la solución puede no sólo ser inapropiado sino anacrónico, desfasado u obsoleto, teniendo que buscar otra fórmula, ser más exigente respecto a esto, inventar, porque, a fin de cuentas, ¿qué es una Constitución? Una Constitución es una limitación a la verdad de las cosas o a las que coyunturalmente podamos entender como tales: no analizamos si algo es verdad, solo si es constitucional. Creo que esto se puede perfeccionar. Algo parecido se puede decir respecto de la pretensión de hacer la revolución de forma similar a cualquier revolución pasada (y fallida): como ya expresé en el Manifiesto, el Manifiesto comunista hace un análisis perfecto de la situación, válido en buena medida para la actual, y da una pésima solución. Nosotros tenemos que mejorar esa solución. No sirve repetir, no sirve emular.
En aras de ser más explícito respecto a lo que estoy diciendo y a todo el cuerpo teórico que trato de trasladar, voy a poner un caso que ejemplifica lo expuesto sobre qué y cómo hay que remangarse para transformar verdaderamente nuestra sociedad; que tendremos que hacer, que es ineludible y que, aunque existen cuestiones más capitales y prioritarias, es esencial… Nosotros sabemos que la educación está de pena, que esto obedece a muchas cuestiones (nosotros vamos a centrarnos en una de ellas) que redundan en esa pérdida de eficacia (aquí la eficacia, como en sanidad, no es dinero, sino que está asociada a la idea de bienestar, y a la base de todo progreso: la educación). Luchar contra esa ineficacia implica luchar contra el sistema (educativo) y contra sus partes, entre las que cabe citar al profesorado y sus sindicatos. El profesorado como colectivo se defiende (la corrección de unos excesos suele darse mediante otros excesos), se crea un cierto corporativismo (no quieren medidas de control de su actividad), los sindicatos de la enseñanza cierran filas en torno a ellos, de lo que al sistema le resulta muy difícil tomar medidas productivas que lo mejoren, y mejoren la calidad del servicio dado a los usuarios (los alumnos).
Este es un ejemplo de tres colectivos, con diferente perspectiva o necesidades (seguramente casi todas legítimas desde esa perspectiva) y, en consecuencia, de una deficiente aportación a la sociedad, y, de otra forma, de cómo entran en confrontación el interés general y el particular, y los derechos que lo amparan. La cuestión por defecto es obvia: ¿para qué vamos a establecer una disposición que sobre el papel hable de la calidad de la enseñanza y de determinados derechos fundamentales? Parece evidente que, como todo lo que podamos decir a estas alturas de cualquier regulación vacía, es innecesario y es insuficiente, que lo que procede es encontrar un principio de verdad que sirva de soporte, esto es, que lo que procede es poner sobre la mesa la fórmula que ampare lo primordial (sin complejos, sin pudor), sin esquilmar los derechos fundamentales de los otros actores, lo que nos llevaría a establecer una jerarquía entre ellos que todos podamos entender o aceptar al margen del rol desempeñado. Lo que procede, en definitiva, es resolver una cuestión (que en EE.UU acaban de resolver a las bravas, por cierto). Esto es un ejemplo, pero sólo uno, que habría que llevar a todas esa cuestiones controvertibles (vivienda, sistema de elección, la propia actividad sindical, la propiedad intelectual…), y que definirían qué tipo de sociedad queremos, no por una propuesta, no por un programa electoral huero, tampoco por el interés, sino por el peso específico de las razones y las objeciones. Esto es, además, una ejemplificación de cómo el sindicalismo gubernamental y acomodado (y constituido en empresa) sirve para defender a los trabajadores, a según qué trabajadores, según que casos, y cómo en esa indefinición no hace un beneficio al colectivo que defiende o no hace un beneficio a la sociedad en la que están inversa, porque está en liza su propio beneficio, pudiendo argüir cuando se da lo primero que es por lo segundo y cuando no se da lo segundo que es por lo primero, es decir, que están legitimados a defender lo sectorial (corporativismo) en perjuicio de lo social si no se cruza lo particular, y viceversa, como se ha puesto de manifiesto en tantas cosas. Un ejemplo que pone de manifiesto cómo el poder (cualquier poder) hace un uso ilegítimo de ese poder y se apoya en la equipartición de la verdad (la judicialización) para camuflar o defender posturas contrarias y, en consecuencia, incoherentes y deshonestas; y siempre interesadas. Todo esto debe ser nuestra preocupación, esto es un gusano instalado que hace que la sociedad no avance, porque nace como factor dinamizador y termina como una potente resistencia o impedimento a cualquier transformación y, sobre todo, a la que no parte de su esquema: todo esto se constituye en una forma de cultura que difícilmente se puede erradicar por decreto ley. Dicho de otra manera, y volviendo a nuestro tema, no hay nada en la actual Constitución que impida un determinado tipo de comportamiento, e incluso en las distintas leyes o normativas, por lo que reescribirlas no sirve de nada, sólo sirve establecer otra forma de cultura, manifestar la voluntad clara acerca de cómo queremos las cosas y establecer las medidas necesarias para evitar que esa voluntad se disipe en el camino, y sirve adoptar un sistema de discriminación superior que eleve nuestra capacidad de elección o la sustituya por un patrón que unifique, calibre y resuelva la confrontación de distintas realidades: no podemos debatir sobre cada cosa, tenemos que debatir una escala de valores (una orientación social) y acoplar cada solicitud a ella. De este modo facilitamos la decisión; su ordenamiento posterior puede llegar a ser un puro trámite administrativo.

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